Jueves 11.03.2010
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Actualizado 22.09
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Nuevo capítulo del culebrón industrial en O Pino. El Juzgado de Instrucción nº2 de Santiago emitió un auto en el que el juez, Francisco Javier Míguez Poza, indica que ve indicios de posible prevaricación en los tres cargos de la Consellería de Cultura (el director xeral de Patrimonio en funciones, Felipe Arias Vila; el secretario xeral en funciones de la Consellería de Cultura, Carlos Amoedo y la secretaria del Comité Asesor del Camino de Santiago, María Jesús López).
Esta resolución se toma tras haberse interpuesto una denuncia por parte del alcalde de O Pino, Manuel Taboada, contra estos tres cargos de la Xunta de Galicia tras la suspensión de las obras del polígono industrial de O Pino en parte de los terrenos donde se prevé que se construyan las parcelas.
Pasado año y medio desde que los acusados testificaron -la vista oral tuvo lugar el 7 de noviembre de 2007, si bien la querella fue admitida a trámite el 19 de octubre de ese mismo año-, el juez Míguez Poza explica que "desprendiéndose de lo actuado -las declaraciones orales de los imputados- que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa y un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos imputados" tanto a Arias, como a Amoedo y a López, "procede seguir los trámites (...) para el procedimiento abreviado"; es decir, para la siguiente fase del juicio.
De aquella primera vista oral se desprendió, en primer lugar, y según testificaron arqueólogos de la Xunta, que la Consellería de Cultura paralizó el parque empresarial de O Pino en contra del informe técnico, ya que los técnicos declararon que no encontraron vestigios que confirmasen la existencia del trazado del que denominaron como Camino histórico.
Por otra parte, también en la vista oral, Carlos Amoedo, secretario xeral en funciones de la Consellería de Cultura, reconoció que no existía un dictamen jurídico que apoyase la suspensión de las obras en el polígono industrial. En cuanto a la protección del Camino de Santiago, el director xeral en funciones de Urbanismo, Ramón Saúl Lueje, aseguró que la única que realmente hay que proteger es la marcada en 1992 por la Unesco. Además, y tal y como se desprendió de las declaraciones de testigos, resulta imposible determinar cuál es el trazado del Camino primitivo que supuestamente pasa por el polígono.
Con esta información, el juez decidió que la parte demandante -el Concello de O Pino- tendrá que formular ahora "el escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la ley, o bien el sobreseimiento de la causa". La defensa de Taboada tiene el documento prácticamente concluido.
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