No hay mamotreto ilegal que no pueda echarse abajo con una buena excavadora. Pero, eso sí: derribar, que sea lo último. Así piensan algunos alcaldes. No, miren: cuando se constata una infracción urbanística, para que tirar sea lo último, evitarlo debía haber sido lo primero.

Muchos concellos gallegos pecan de lo mismo: la escasa, y en algún caso nula, vigilancia municipal sobre las obras, algo que, como bien advierte el Valedor do Pobo, tiene una peligrosa consecuencia.

Con la consolidación de una ilegalidad urbanística, lo que se consolida también es el delito. Por tanto, la permisividad de los concellos (ya sea por activa o por pasiva) no deja de ser cierta connivencia con la infracción.

Resulta molesto ver al Concello de Carnota velando por los derechos de un sancionado. Al final es la oficina del Valedor la que acaba haciendo el trabajo de fiscalización que no hacen los concellos.