Martes 17.02.2009
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| El alcalde de Boiro, izq., recibió al asesor del Valedor en enero FOTO: Suso Souto |
El Valedor do Pobo denuncia en su informe correspondiente al año 2008 la pasividad de los concellos de Boiro, Malpica, Padrón, Rois, Ribeira, Mazaricos y Carnota ante las denuncias urbanísticas, advirtiendo que, en algún caso, permiten la consolidación de las ilegalidades. Al Valedor no le valen las excusas con las que algunos concellos han intentado justificar lo injustificable y que, en algún caso, rozan el esperpento.
Un vecino de Rois denunció varias veces la construcción de un garaje hecho sin licencia e ilegalizable que no cumplía el retranqueo y que afectaba incluso a un vial municipal. Ante el silencio del Concello, recurrió al Valedor, que tuvo que pedir tres veces la documentación.
Tras conseguirla, constató que las "demoras injustificables en la resolución del expediente de reposición de la legalidad provocaron que éste caducase". El Concello alegó que el retraso se debió "al cambio de gobierno".
Un caso similar ocurrió en Malpica, donde un vecino venía denunciando desde 2005 a varias empresas por carecer de licencia de apertura. El Concello nunca le contestó y el Valedor tuvo que pedirle el informe tres veces. Cuando el Concello respondió fue para pedir una moratoria de tres meses, alegando los "escasos medios materiales y humanos" del departamento de Urbanismo, que estaba "colapsado".
En tres años y medio, sólo se investigó "una pequeña parte de las denuncias", señala el Valedor, quien advierte que "la poca efectividad de las inspecciones no puede encontrar justificación en un entorpecimiento del normal funcionamiento del Concello".
Benigno López, valedor do pobo, sugiere al citado Concello "poner más medios" y lamenta "la pasividad para reaccionar con eficacia" ante algunas de las denuncias por presuntas infracciones urbanísticas al no abrirse el expediente de reposición de la legalidad.
El Concello de Ribeira recibe un tirón de orejas por otorgar licencia provisional de actividad para un almacén conservero en el polígono de Xarás con posterioridad a la licencia de obra, cuando, por ley, debe garantizarse previamente la autorización de la actividad para poder dar el permiso de obra.
El Valedor tuvo que reiterar tres veces su solicitud de información e incluso tuvo que enviar al Vicevaledor al concello. Benigno López señala que, en este caso, "el Concello actuó de forma irregular" y que "al parecer lo hace con carácter general" en este ámbito administrativo. En este sentido, le recomienda que "cuando una licencia de obra requiera también la de actividad, se conozcan los expedientes de forma simultánea". El Concello de Boiro se lleva la palma en la demora al rendir cuentas ante el Valedor.
Un vecino presentó varias denuncias contra una obra hecha en un bajo, en el que se cubrió con uralita parte de un patio de luces, prolongando además unos conductos de ventilación de las cocinas, con el posible peligro de acumulación de gases. El Concello abrió expediente y el infractor pidió licencia para reposición de la legalidad. Según el Valedor, que pidió cuatro veces la documentación, el Concello tardó tres años en resolver la licencia solicitada por el infractor para, finalmente, rechazar la legalización y ordenar el derribo.
delegribeira@elcorreogallego.es
La sorprendente excusa del concello de Carnota
"Una orden de derribo radical que conviene meditar con cuidado"
Uno de los casos más llamativos en el informe del Valedor es el ocurrido en Carnota, donde un vecino denunció desde 2005 varias veces la existencia de un taller de estructuras metálicas (ampliado) con licencia de alpendre y sin respetar el retranqueo. El silencio del Concello sólo se rompió con la intervención del Valedor. El gobierno ordenó parar la obra y dio tres meses para legalizarla. De nuevo, silencio del Concello que, tras otro tirón de orejas, le puso plazo al derribo: tres meses.
Pero pasaron ocho hasta que el Valedor recibió un polémico informe del Concello, que respondió que el infractor "no hace caso" y que, por ello, se encontraba "sin autoridad". Por si fuera poco convincente, el gobierno calificaba de "radical" la orden de derribo, decretada por el anterior teniente de alcalde, y sugería "estudiarla y meditarla cuidadosamente" para "garantizar los derechos del sancionado". La respuesta del Valedor fue contundente: "el Concello tiene competencias directas en disciplina urbanística", incluso para hacerlas cumplir por la fuerza si es preciso, salvo que un juez anulase la orden. La respuesta del Concello: otro requerimiento al infractor.
En Padrón, un vecino denunció que una obra no se ajustaba a la licencia; el Concello no le respondió hasta que medió el Valedor. Lo primero que hizo fue pedir al vecino que acreditase ser parte interesada. El Valedor exigió ser informado "con independencia" de tal requisito. El vecino tenía razón n
