Mahía exige al Concello de Ames cinco millones de indemnización

Imagen de satélite de la urbanización de As Pateiras, entre la guardería. izq. y el campo de fútbol

Vox populi es en Ames la tensa relación entre el Concello y la inmobiliaria Mahía, buque insignia, en otro tiempo, del desarrollo urbanístico del municipio. Recientemente, trascendía el último asalto de un enfrentamiento que viene ya desde que, en 2003, el ex alcalde popular, José Astray, perdiera las elecciones frente al socialista Carlos Fernández, actual regidor.

La empresa Mahía iniciaba días atrás un proceso judicial para reclamar al Concello una indemnización que superaría los 5 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios por la paralización, por parte de la administración local, de la construcción en el polígono de As Pateiras, en Bertamiráns, donde la firma es la propietaria mayoritaria en la junta de compensación.

Como argumento para su reclamación, Mahía presenta una sentencia del 27 de noviembre de este mismo año en la que el juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Santiago rechaza el argumento que el Concello esgrimía para paralizar la urbanización. La tesis municipal se centraba en una supuesta "lesividad" al interés público de una decisión del anterior ejecutivo que daba el visto bueno a la junta de compensación de As Pateiras y que, al parecer del nuevo gobierno, consentía así que se otorgase edificabilidad a unos terrenos comunes sin que dicha edificabilidad revirtiese después en el Concello, sino que de ella se beneficiarían los constructores. Basándose en este razonamiento, el ejecutivo de Carlos Fernández impugnó la decisión del gobierno de Astray.

Sin embargo, la Justicia afirma que no existe tal lesividad para el Concello dado que los terrenos nunca fueron de su pertenencia ni pagó por ellos y especifica, además, que los caminos comunes serán sustituidos por carreteras públicas construidas por la junta de compensación. De hecho, el abogado de la junta de compensación, Carlos García Novoa, explicó que casi el 9o% de esta obra de urbanización pública sí está ejecutada ya.

Ante este dictamen, Mahía entiende que la construcción en la zona nunca debió ser paralizada, dado que no existía base legal para ello. Así las cosas, solicita una indemnización por los perjuicios derivados de no haber podido construir en sus terrenos desde 2002, con el agravante de que desde esa fecha hasta hace dos años, las ventas inmobiliarias ascendían constantemente, mientras que ahora los terrenos pierden buena parte de su valor.

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