Peligra el transporte escolar en Galicia

A partir de la semana que viene, peligra el transporte escolar en Galicia de decenas de miles de niños que utilizan los 2.300 buses que prestan este servicio. Así lo constatamos ayer en la asamblea celebrada en el hotel Torres de Compostela en Santiago por la Federación Galega de Asociacións de Transporte de Viajeros en Autocar (Transgacar).

El quien es quien del sector planteaba ayer esta posibilidad tras una ingrata sorpresa. Tenían el compromiso de que a todas las compañías que transportan escolares en la comunidad se les prorrogaría la concesión los próximos diez años, tal y como recoge la Ley 5/2009, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la modernización del sector del transporte público de Galicia. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Xunta parecen haber detectado problemas: la Consellería de Educación, con esa base, les transmitió que entre un 25 y un 30% de los contratos, por ser considerados menores, no podrían acogerse a la renovación automática hasta 2020.

Se rompería así el pacto en el transporte que tan buenos réditos dio al Ejecutivo gallego, que en 10 años se ahorraría 80 millones de euros, un 7% del coste total del servicio, que limarán la facturación de los transportistas, que acataron este requisito a cambio de la estabilidad para 5.000 empleos en esta década.

Al menos, la noticia de este cónclave generó una rauda respuesta desde Educación, que les ha citado para el próximo martes, para tratar de resolver sin generar conflictos esta situación. Habrá más cosas que hablar, pues las federaciones de transportistas, que echan en falta una interlocución válida por parte de la Dirección Xeral de Transportes desde el cambio de Gobierno en la Xunta, veían cómo el pasado lunes el DOG publicaba, también por sorpresa, una resolución de este departamento de Medio Ambiente del 26 de febrero de 2010. Se aprobaba el Plan de modernización para el transporte público sin tener en cuenta las alegaciones del sector.

Raúl López, de Monbus, Alfredo Vázquez, de Aucasa, o José Luis Linares, de Aucasa, coincidieron ayer en rueda de prensa en que todas las federaciones, por unanimidad, piden que se cumpla el pactado en favor de un "transporte digno". El objetivo de la ley, alegaron, era lograr la unidad del sector, que todas las empresas tuviesen el mismo trato. Ahora se inicia la cuenta atrás para el acuerdo: si no se logra antes del día 16, "la ley se cae", al inclumplirse los plazos marcados. Eso si, dejaron clara su voluntad de ayudar a retornar a un consenso que ellos no dejaron en ningún momento.

80 millones, ese es el recorte de facturación que aceptaron, a diez años vista, todos los profesionales del sector, como Fidel Martínez (Autos González), a la izquierda en la foto; Miro Cuíña, de Cuiña-Grupo Rías Baixas; José Luis Liñares, de Aucasa; Alfredo Vázquez, de Autocares Vázquez; Raúl López, de Monbus; Antonio Piña, de Anpian; Javier García, de Fegatramer; y Carlos Pino, de Empresa Ojea