El Ministerio de Justicia y el de Interior han decidido intentar acabar con los escándalos producidos por pederastas y terroristas reincidentes. Por tanto, una de las principales reformas del Código Penal va a ser la imposición de la libertad vigilada para todos aquellos condenados por delitos sexuales a menores y etarras que tras salir de la cárcel cometan de nuevo otro delito y durante su estancia en el centro penitenciario tengan un pronóstico negativo, es decir, no haya posibilidad de reinsertarle en la sociedad.
Esta libertad vigilada podría durar, dependiendo de los casos, hasta veinte años, aunque este extremo todavía falta por detallar en el proyecto que presentará Justicia al Gobierno el próximo otoño. Así lo anunciaron hoy en rueda de prensa los ministros Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, después de una reunión en la que estudiaron las próximas reformas del Código Penal.
A los terroristas se les pone todavía el escenario más difícil. Además de poder ser vigilados tras salir de prisión y tener órdenes de alejamiento de sus víctimas, ahora los delitos de terrorismo más graves, principalmente los que atentan contra la vida de las personas, no prescribirán. Es decir, no importa el año que lo cometieron que los hechos cometidos siempre serán punibles y enjuiciables.
Sin embargo, lo que va a estar más complicado es la petición de las víctimas del terrorismo de mantener alejado a todo etarra condenado, aunque no haya sido su verdugo. Según explicó Rubalcaba, esta medida es poco viable porque hay víctimas de ETA en todo el territorio español. Aún así, aseguró que el Gobierno va a retirar todas las placas dedicadas a etarras, por cualquiera de los procedimientos.
Como ya había sido anunciado en otras ocasiones, las penas a los agresores sexuales menores, tanto por prostitución como por pornografía a este sector de la sociedad, se van a agravar e incluso se van a tipificar nuevas conductas.
En lo que se refiere a menores, también se va a aumentar la pena para los patrones de cayucos cuando en sus barcos se transportes a pequeños. Este tipo de delincuentes normalmente son condenados a penas de entre seis y ocho años de cárcel por tráfico de personas. A partir de esta nueva reforma, en el caso que vayan menores en el cayuco, la pena podría oscilar entre los ocho y los doce años de prisión.
Un nuevo delito que se va a introducir es uno similar al que tiene Francia de asociación de malhechores. A partir de ahora, todo conjunto de personas que se unan para cometer algún delito, como puede ser robos a joyerías o a casas, a parte del delito cometido también serán condenadas como organización, aunque ésta no sea duradera en el tiempo. Tal y como definió Bermejo, son "grupos transitorios de delincuentes"., con varios miembros y cada uno con supropia misión en la banda.
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