Viernes 26.12.2008
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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo va a promover las reformas legales que sean necesarias para impedir que representantes de una formación política ilegalizada, como ANV, pueda gobernar los ayuntamientos. Fernández de la Vega hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que transmitió la solidaridad del Gobierno con los familiares y amigos del empresario Ignacio Uria, asesinado por ETA en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, en la que gobierna ANV.
La vicepresidenta ha garantizado que los asesinos de Uria acabarán en la cárcel y advirtió a "quienes, parapetados tras sus actas de cargos electos, les amparan con su ominoso silencio", de que el Gobierno no está dispuesto a seguir su juego.
Por ello, avanzó que el Gobierno va a actuar en todos los frentes, explorando todas las posibilidades que brinda la ley, para lo que informó de que ya se han dado instrucciones al servicio jurídico del Estado.
Ha precisado que se está analizando la ley de régimen local y explicó que se trata de un objetivo difícil porque el artículo 61 de esa norma, a la hora de hablar de la disolución de los ayuntamientos, establece unos criterios que, interpretados con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hacen muy complicado proceder a esa disolución en estos casos. En concreto, recordó que la ley determina que tiene que haber unas actuaciones reiteradas y graves que tienen que estar acreditadas de forma probada.
Como de acuerdo a la jurisprudencia del Constitucional la ilegalización de un partido no conlleva la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna o la no actuación de sus concejales, se trata, según la vicepresidenta, de buscar vías que impidan que los representantes de esas formaciones puedan gobernar las corporaciones.
Se puede incidir ya en la disolución
El PP considera que con la actual Ley de Bases de Régimen Local se podría abrir ya el procedimiento de disolución de los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV), sin tener que esperar a la reforma legal anunciada ayer por el Ejecutivo, informaron fuentes parlamentarias populares. Aunque el PP está "abierto" a escuchar y estudiar cualquier propuesta de reforma legal que plantee el Ejecutivo que permita avanzar en la lucha antiterrorista, entiende que la actual legislación permite disolver los ayuntamientos en los que gobierna ANV. Cree que ésta es la fórmula más rápida e inmediata para actuar ya contra ANV y advierte que la reforma legal que propone el Gobierno sería a más largo plazo y además podría tener "problemas de retroactividad". El PP confía en que el PSOE respalde la iniciativa que registró anteayer en la que se insta al Gobierno a que apruebe un real decreto que disuelva los órganos de las corporaciones locales acogiéndose al artículo 61 de la Ley de Bases .
Consenso con las fuerzas políticas
Fernández de la Vega explicó que esa tarea se hará "como siempre, con el máximo consenso de las fuerzas políticas parlamentarias" y siendo "muy escrupulosos en el cumplimiento de las leyes"."Tan escrupulosos como tenaces, y decididos a que nadie pueda burlar la ley amparándose precisamente en ella", añadió.
Mensaje de apoyo a la familia de Uria
La vicepresidenta trasladó un mensaje de apoyo, cariño y solidaridad a la familia y amigos de Uria, "un hombre libre (dijo) que ha sido asesinado por serlo". Añadió que "la indignación, la rabia y el dolor se acompañan de una convicción y de una certeza: los culpables, los terroristas, serán encontrados, juzgados y encarcelados" .
