La crisis económica hace mella en todas las facetas. A Galicia llegó con retraso y ahora se siente su dureza en los juzgados. Los despidos habidos por sentencias aumentaron un 30,2% entre 2008 y 2009, y a falta de los datos del último trimestre del pasado año, los meses anteriores suman 5.148, confirmando una tendencia al alza. Pero, donde más se nota la precariedad es en las familias de clase media y baja, donde lo primordial es comer. Pagar el alquiler es otra cuestión, y de ahí que la progresión de los desahucios, embargos y ejecuciones hipotecarias destaque sobremanera.

En 2008, los lanzamientos (fase final de los desahucios) superaron el millar en la autonomía, un año después fueron casi dos centenas más, pero según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en los primeros nueve meses del año que finalizó ya se acercaron al millar y medio.

De mantenerse la progresión en 2010 superará un 25% más que en 2009. Sólo en las oficinas centrales de notificaciones de los siete partidos judiciales de las grandes ciudades, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se abrieron el último año 1.710 procedimientos.

Ahora es más fácil desahuciar a quien no paga el alquiler. El cambio se produjo, al inicio de siglo, con la Ley de Enjuiciamiento Civil, y otra posterior, la 19/2009, de 23 de noviembre, sobre medidas de fomento de alquileres y eficiencia energética de los edificios, que agilizó los trámites para que el propietario recupere su local comercial o vivienda y lo ponga de nuevo en el mercado.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un inquilino, por la Ley de Arrendamiento Urbano. podía enervar la acción de desahucio pagando las cuotas debidas antes de que se dictase una sentencia, varias veces si el juez lo apreciaba, pero ahora sólo se puede hacer una vez y queda reflejado en la sentencia. En el momento que sea denunciado de nuevo por el propietario, y se acredite la falta de pago, será desahuciado.

Y desde hace poco más de un año, la legislación cambió de nuevo a favor del propietario. Antes, para llegar a un juicio el inquilino que no pagaba tenía que ser notificado -a veces se tardaba en dar con él por el simple hecho que los funcionarios del juzgado lo buscaban por la mañana y por ejemplo si el deudor era un viajante y sólo utilizaba la casa para dormir no coincidía con ellos--, mientras que en la actualidad, si pasado un corto tiempo prudencial no lo encuentran, el juzgado emite un edicto citándolo en su propio local o vivienda alquilada, y de no aparecer se celebra el juicio.

En suma lo que hasta hace poco se tardaba de seis a ocho meses en resolver, incluso hubo casos de más de un año, ahora lo habitual es tener la devolución de la propiedad al dueño en dos o dos meses y medio, como mucho tres meses en los casos más complicados. Desde que se pone la denuncia, se tardan 15 días en su admisión a trámite, y se fija normalmente el juicio para un mes después y el lanzamiento (acto final del desahucio) otro mes más.

Sin embargo la condescendencia entre los propietarios con los inquilinos es desigual. Si existe confianza de una relación de años y se conoce la realidad de la afección de la crisis económica, puede darse el caso que mediante el diálogo se pacten el retraso, pero son casos aislados. Lo habitual es denunciar el impago al tercer mes, y al segundo si es una agencia de la propiedad inmobiliaria la que gestiona el local o vivienda.

Los embargos retroceden. Es peculiar, pero en Galicia subieron un 20,9% de 2008 a 2009, pero disminuyeron notablemente en el pasado año, según los datos parciales (nueve meses) que aporta la estadística del Consejo General del Poder Judicial. Y lo mismo pasa con las ejecuciones hipotecarias, que de una subida del 50% entre los años citados (de 1.369 a 2.062), existe una tendencia a la baja (1.460 en los tres primeros trimestres, que supone una proyección de 1.947 a final de año).

La causa, el cambio de estrategia de los bancos y las cajas de ahorro ante el crack del ladrillo. Es una simple cuestión económica. La hipoteca es un derecho garantista asociado a un préstamo, y ante el impago de una cuota del mismo, la entidad puede quedarse con la vivienda para sacarla a subasta y recuperar el dinero. El problema está en la tasación y en que no hay mucha demanda en ese mercado en la actualidad. Por ello, ahora, ante el impago de cuotas las entidades crediticias prefieren negociar con el firmante de la hipoteca y buscar una solución a esa deuda, como puede ser quedarse con la casa y cobrarle un alquiler. De ahí que estas ejecuciones empiecen a descender

En suma, la realidad de la crisis económica que afecta al país se está viendo reflejada en el ámbito judicial. Este peculiar barómetro apunta un aumento de asuntos judiciales tramitados no sólo a nivel civil sino también a nivel social con continuas demandas de empleados que reclaman salarios adeudados por los empresarios con los que trabajan.

amartinez@elcorreogallego.es