El proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado de la Comunidad de Madrid ha reabierto el debate sobre la autoridad del profesorado y su regulación. El Gobierno de Esperanza Aguirre quiere darle a los docentes consideración de autoridad pública, aunque esta ya fue reconocida ya hace dos años por la Fiscalía de Galicia y hace uno por la General del Estado. Esta categoría implica que la agresión que sufra un docente, aunque sea leve, se considera un delito de atentado. Pero la medida no ha llegado a aplicarse en la comunidad "por falta de denuncias", explica el fiscal de menores del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos Mariscal de Gante.

"Aquí no entran denuncias por agresiones a docentes. Supongo que es un fenómeno que está ahí, porque se habla de ellas, pero por lo que sea el profesor prefiere aguantar o solucionar el tema dentro de la propia comunidad escolar, y de ahí no sale", responde Mariscal de Gante.

Al margen de un caso de acoso a una profesora hace cuatro años por parte de un ya ex alumno (la insultaba por la calle), las únicas denuncias de docentes que recuerda el fiscal desde hace tiempo son por desperfectos, normalmente a vehículos -desde ralladuras a pinchados en las ruedas-, pero también en el portero automático o del buzón del domicilio particular.

Pero estos casos son también una excepción en los juzgados. "Recientemente no recuerdo ninguno, hace ya tiempo que no entra nada de eso. Pueden ser uno o dos al año, muy pocos", añade el fiscal de menores.

El profesor que sufre estos desperfectos no es considerado autoridad como el que es víctima de una agresión. En estos casos, la Justicia suele establecer medidas educativas, como tareas en beneficio de la comunidad, o incluso se puede intentar una conciliación a través de una reparación extrajudicial si los hechos no son graves.

Por ser funcionarios

Cuando sí hay agresión, matiza Mariscal de Gante, la mayor gravedad se debe a que se considera al docente funcionario, no autoridad pública en sí misma, aunque la consideración es la misma. Por eso la instrucción de la Fiscalía no se aplica a los docentes de la enseñanza privada, como sucede en el proyecto de ley de Aguirre (en Madrid).

Sobre esta norma, el fiscal advierte que una ley autonómica no puede establecer penas de prisión. "Estoy oyendo en los medios que puede haberlas, pero eso es descabellado. Una ley de este tipo no puede implicar una tipificación delictiva. Para crear un delito que antes no existía hace falta una ley orgánica que modifique el Código Penal", concluye.

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