Ana Díaz ve compatible su cargo en la Xunta con la condena judicial

Ana María Díaz FOTO: JB/agn

"Perfectamente compatible". Así considera la directora xeral de Formación e Colocación, Ana María Díaz, su actual cargo en la Xunta con la sentencia del Juzgado de lo Social número dos de Ferrol. Díaz fue condenada por despido improcedente de una empleada del hogar que, además, trabajaba en la cocina de un restaurante de su familia.

La representante de la Consellería de Traballo avanzó ayer haber iniciado "todas las medidas legales" para revisar el fallo judicial y, así, restablecer su "honor personal y familiar" y "aclarar definitivamente los hechos", aparte de impedir que este caso se utilice "como un arma arrojadiza pretendiendo desgastar una labor de Gobierno y partido". Pese a que el plazo para recurrir ha concluido, precisó que en el caso de la revisión existe un periodo de cinco años. En rueda de prensa para evaluar los datos del paro conocidos ayer, Díaz justificó la compatibilidad de su cargo con la resolución judicial por sostener que, pese a "acatar la sentencia", no "comparte el fondo".

Reiteró que la demandante no había trabajado "nunca" en su casa ni tenía "ningún tipo de relación mercantil" con ella, porque, como aclaró, la directora xeral "no ha formado ni forma parte" de la sociedad condenada -que sí integran su padre y su hermano-. "Y porque yo no la había despedido", agregó. Díaz descartó que exista un "error judicial", aunque sí admitió "una confusión de nombres" que, como manifestó, fue "malintencionada o, si no, propiciada" por los representantes legales de la demandante.

La directora xeral negó haber puesto su cargo a disposición de la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, quien -aseguró- le ha demostrado "de muy diversas maneras" su "total confianza" desde que la sentencia trascendió a los medios de comunicación en el mes de agosto.

Díaz reconoció haber cometido "dos errores" en relación a esta sentencia. El primero de ellos, según expuso, consistió en no presentarse en el juicio. "Esta persona no había trabajado nunca en mi casa, yo no tenía ningún tipo de relación mercantil con ella y yo no la había despedido", aseguró para justificar su ausencia. Indicó que cuando se dictó el fallo y se la condenó solidariamente el representante legal de la sociedad mercantil efectuó el pago de 360 euros correspondiente a la indemnización. "Cometo el segundo error de no recurrir la sentencia en tanto en cuanto entendía que eso quedaba en el ámbito privado y yo tenía mi conciencia muy limpia y muy clara", añadió.

galicia@elcorreogallego.es