Domingo 12.02.2012
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| Núcleo rural de Loira, en Marín, donde buena parte de las casas están a menos de cien metros del mar FOTO: Ana |
El BNG quiere salvar a varios núcleos costeros gallegos en los que las casas están pegadas al mar. Los diputados nacionalistas en el Congreso, Francisco Jorquera y Olaia Fernández Davila, han registrado en la Cámara Baja una proposición de ley para modificar la normativa estatal de Costas. El objetivo es acabar con la "inseguridad jurídica" de estos asentamientos.
La Ley de Costas establece una servidumbre de dominio público marítimo terrestre de 20 metros para el suelo calificado como urbano antes de la entrada en vigor de esta normativa, mientras que para el resto del territorio la servidumbre de protección del litoral se establece en los 100 metros. Los diputados del BNG recuerdan que en Galicia esta aplicación legal suscita una "problemática" derivada de la existencia de numerosos municipios que cuentan con asentamientos de población tradicionales, situados en la costa desde el siglo XIX y vinculados a actividades pesqueras. Según informó ayer el BNG en un comunicado, la entrada en vigor de la ley dejó afectados a estos núcleos por la servidumbre de 100 metros en lugar de los 20 metros que fija el texto legal para suelos urbanos. El problema es que la normativa de planeamiento municipal los ha asignado como suelo no urbanizable, pese a reunir los requisitos "para ser calificados como suelo urbano". En esta situación se encuentran asentamientos de Marín, Illa de Arousa, Ribeira, Moaña, Redondela, Pobra do Caramiñal o Malpica.
La Xunta, en uso de las competencias exclusivas que marca el Estatuto, aprobó (con el Bipartito y por unanimidad del Parlamento) una modificación de ley autonómica 9/2002, de Ordenación Urbanística y de Protección del medio rural de Galicia, para solucionar esta situación.
Sin embargo, el Estado presentó un recurso de invasión de competencias a la Disposición Adicional Segunda de la Ley Autonómica de Vivienda de Galicia. "Esta disposición establece una salida legal para los núcleos preexistentes de carácter tradicional afectados por un error en la clasificación urbanística" municipal, manifiestan los nacionalistas en su iniciativa.
Jorquera y Davila subrayaron que este cambio había "proporcionado una respuesta idónea a la grave problemática". Por ello, el BNG demanda en una proposición de ley que se incorpore a la Ley de Costas la regulación específica de las particularidades de los asentamientos de población tradicionales en el litoral gallego, recogida en la legislación autonómica, con el objetivo de dotar de "coherencia" a la regulación de estas situaciones y "evitar las posibles dificultades" interpretativas que generen inseguridad jurídica.
. galicia@elcorreogallego.es
200 casas con un futuro incierto
Más de 200 casas de cinco núcleos costeros de Marín se encuentran en una situación de inseguridad jurídica por la aplicación de la Ley de Costas. Los vecinos de Loira, Aguete, Mogor, Teoira y Casás viven inmersos en un conflicto. Sobre ellos podrían recaer cuantiosas multas por reformar sus hogares sin contar con la licencia del Gobierno central. El problema se remonta a 1988 cuando se aprobó la Ley de Costas. Los núcleos rurales situados a menos de 100 metros de la línea marítima tenían que comunicar al Ministerio su "preexistencia". Pero el Ayuntamiento no envió la documentación, con lo que las casas quedaron dentro de la servidumbre de dominio público -y por tanto propiedad del Estado- que se establece entre los 20 y los 100 metros del litoral.
Ajenos a esta situación los vecinos acometieron las obras en sus casas ya que desconocían que tenían que pedir permiso a Madrid. A partir del año 2003 los inspectores de Costas empezaron a abrir expedientes por realizar reformas estructurales en las viviendas. Las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros mensuales, según han asegurado fuentes del ayuntamiento de Marín. Desde el Concello se reclama a la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa que solucione la situación ya que los vecinos no pueden estar indefensos ante un error administrativo cometido en el pasado .
