Las diversas anomalías detectadas en el informe del Consello de Contas que fiscaliza las cuentas de la Administración autonómica en el ejercicio 2005 -año en el que compartieron tareas de Gobierno el PP, hasta el mes de julio, y después el bipartito- ha provocado la reacción de los políticos gallegos y ha abierto una nueva brecha entre los socios en la Xunta y la oposición. Así, el titular del Ejecutivo autonómico, Emilio Pérez Touriño, consideró ayer que este informe puede considerarse una "moción de censura a la gestión del PP", y emplazó al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a que "dé la cara", ya que en aquella época formaba parte del Gobierno gallego.

La reacción de Feijóo no se hizo esperar, asegurando que "respeta" el informe y que no hay "ningún inconveniente" en que la Xunta "reoriente o module" aquellas cuestiones y que "revoque lo que haya que revocar", siempre que no sea "por críticas innecesarias". No obstante, Feijóo consideró "sorprendente" que "si hay" irregularidades en el transporte escolar, el Gobierno actual "prosiga" con estos contratos. También, el vicepresidente de la Xunta y líder del BNG, Anxo Quintana, dijo que el informe hay que interpretarlo, "no como una acusación" al anterior Gobierno, sino como un "aprendizaje para no caer en los mismos errores". Añadió que "es una pena que estos informes de cuentas tengan siempre un horizonte temporal tan lejano".

Desde los partidos políticos las reacciones al documento fueron más virulentas. Para el portavoz de Economía del PSdeG-PSOE en el Parlamento, Xaquín Fernández Leiceaga, el informe refleja un "descontrol en la gestión" y una "escasa sensibilidad" hacia el interés público.

En opinión de su compañera de filas y secretaria de organización del PSdeG, Mar Barcón, es insuficiente que el presidente de los populares asuma las críticas, porque lo que debería asumir son "responsabili- dades políticas".

El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, estimó que la Fiscalía debería actuar de oficio ante las irregularidades detectadas, que "salpican a personalidades relevantes del PP, incluso el líder del PP hoy en Galicia" y debería "investigar, como mínimo, e informarnos si hay o no en este caso algún tipo de relevancia penal".

Las críticas de Aymerich fueron más allá y señaló también al ex alcalde socialista de A Coruña (actual embajador español ante el Vaticano) como uno de los "grandes beneficiados en la política de mafias de concesiones hidroeléctricas".

El PPdeG remitió una nota en la que reclama a PSOE y BNG que "hablen" de las anomalías que el órgano fiscalizador atribuye "a su gestión". En este sentido, el PP asegura que el Consello certifica que la actual Consellería de Vivenda recibió edificaciones "en mal estado" y, más concretamente, que tres bloques recepcionados sufrieron retrasos y sobreprecios injustificados. Según los populares, uno de los bloques a los que se refiere el órgano fiscalizador tuvo como arquitecta a la actual conselleira de Vivenda, Teresa Táboas.

Asimismo, defiende que los contratos de transporte escolar firmados por la anterior Administración autonómica garantizaron el servicio "a la totalidad" de los niños gallegos, y precisa que estos mismos han permanecido en vigor "en los últimos tres anos". Por otra parte, recuerdan que el propio informe establece que el precio medio pagado a los transportistas por alumno está en torno a la media del resto de las autonomías.

Frente a ello, los populares consideran que el Consello de Contas pone en evidencia que la actual Xunta "está incurriendo" en una "grave irregularidad", ya que sigue pagando a los transportistas cantidades relacionadas con la adaptación a la Logse que deberían haber finalizado el 31 de diciembre de 2006.