Martes 17.06.2008
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El Movemento pola Igualdade no Emprego Público (MIEP), embarcado en la denuncia del plus de los altos cargos como una medida injusta desde el principio calcula que hay "unos 4.000 potenciales beneficiarios" de este complemento sobre el que creen que es necesario despejar las dudas sobre las cifras "reales" de cuantos son los que se han acogido a la medida y los importes. El MIEP, que ya denunció ante el Valedor do Pobo el oscurantismo en torno a esas cifras, reclama ahora más información al respecto a la propia Administración.
El MIEP pone en duda que sean 191 los funcionarios que están percibiendo ese complemento después de abandonar sus altos cargos e insiste en que se realice una investigación para conocer las cifras reales porque éstas no se explicitan en los Presupuestos de la Xunta ya que, explican desde la plataforma, "les basta con incrementar el complemento de destino en el capítulo que corresponde al personal".
El MIEP mantiene sus críticas a los tres grupos parlamentarios que con sus votos sacaron adelante el plus en la pasada legislatura y considera que si la iniciativa popular para revocarlo no llega a buen puerto deberán explicar "por qué quieren seguir adelante con esa cacicada".
La plataforma va más allá y reclama al Bloque que no solo respalde la iniciativa que se debatirá en el Parlamento, sino que inste a sus militantes a "renunciar" a ese derecho o que incluya su incompatibilidad en los propios estatutos del partido nacionalista.
Para el MIEP la supresión del complemento económico que pretende la Iniciativa Legislativa Popular es una medida acorde con las políticas de austeridad que defiende el presidente Alberto Núñez Feijóo que deberían aprovechar los políticos para "dar ejemplo" en estos momentos.
Pero si la iniciativa popular, que cuenta con el aval de 19.127 firmas, no consigue prosperar las posibilidades de derribar el plus de los altos cargos son mínimas. La CIG no contempla la posibilidad de recurrir a la Justicia ya que existen precedentes de jurisprudencia en otras comunidades en los que el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la legalidad del plus .
