Martes 17.06.2008
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| Alberto Núñez Feijóo y la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo FOTO: lavandeira JR. (EFE) |
Un mes y medio después de que el Consejo de Ministros pusiese en un brete a Núñez Feijóo al dar luz verde al recurso de inconstitucionalidad que dejaba en suspenso varios apartados de la reforma de la Lei de Caixas, el Parlamento daba a conocer este fin de semana el escrito de alegaciones que, con fecha del pasado viernes, trasladó al Tribunal Constitucional. La institución parlamentaria se persona en el proceso, en defensa de su autonomía legislativa y solicitando el levantamiento del bloqueo para evitar posibles perjuicios a "la propia organización y funcionamiento de las cajas de ahorros y a la competencia autonómica".
En un escrito de cuarenta folios, firmado por la presidenta Pilar Rojo y por los servicios jurídicos de la Cámara, la última parte se dedica a argumentar los perjuicios que puede provocar la suspensión decretada para varios de los apartados de la norma que entró en vigor a principios del pasado mes de enero.
En esa argumentación jurídica se entiende que las objeciones del Gobierno central a la constitucionalidad del plazo de dos meses que prevé la ley gallega para proceder a la renovación de los vocales en los consejos de administración de las entidades gallegas podía paralizar nuevos nombramientos "durante varios años", atendiendo el tiempo que puede transcurrir hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.
La Cámara gallega extiende esas mismas advertencias a las dudas sobre que solo el Legislativo pueda tener más de un representante en los órganos de dirección de las cajas gallegas al entender que puede dar lugar a una "acaparación" por parte de las grandes corporaciones locales en los órganos de dirección de las cajas.
El bloqueo a la capacidad de decisión de la comunidad autónoma ante un SIP de alguna de las cajas gallegas, uno de los puntos que aún mantiene enfrentados al Gobierno y a la Xunta, se convierte en el escrito de alegaciones del Parlamento en un "obstáculo" para la intervención de la comunidad autónoma en operaciones que pueden afectar a los recursos propios de las cajas y "consecuentemente a su solvencia". En esta cuestión, la Cámara defiende la constitucionalidad del precepto, en línea con la defensa que hace el Gobierno gallego, y rebate las objeciones aclarando que "no se faculta a la Xunta a autorizar un SIP" sino que se regula su visto bueno a la hora de analizar las consecuencias de la incorporación de alguna de las cajas gallegas a otra entidad foránea "por tratarse de un proceso similar a la fusión". Por otra parte, el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, saludó ayer la medida del Parlamento, pero insistió en que el presidente de la Xunta debe "exigir" esto mismo a Rodríguez Zapatero, según Europa Press.
En rueda de prensa posterior al Consello Nacional del BNG, el líder de la formación frentista se limitó a asegurar que no dirá que está "en contra" de algo que "vaya en la dirección de expresar la oposición gallega al recurso". "La única vía es efectivamente exigir la retirada de un recurso absolutamente político", manifestó.
"Es un intento de politización"
El anuncio de las alegaciones al recurso de inconstitucionalidad contra la Lei de Caixas presentado por la Cámara gallega fue interpretado ayer por el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento, el socialista Ricardo Varela como un "intento de utilización política" del que responsabilizó a la presidenta del Parlamento, la popular Pilar Rojo.
Varela expresó ayer el desacuerdo con las alegaciones que se enviarán al Tribunal Constitucional tras afirmar que pese a ser miembro de la Mesa desconocía el contenido de las mismas. El socialista insistió en que la personación del Parlamento es un "trámite ordinario" que se activa en estos casos siempre que se plantea un recurso contra una ley autonómica "independientemente de quien gobierne" .
Los populares se sienten "reforzados"
A juicio de los populares, la decisión del Parlamento gallego "no hace sino reforzar que había argumentos jurídicos" para defender la constitucionalidad de la norma, "precisamente aquellos en los que no quiere entrar el Gobierno central para llevar esto simplemente a un plano político". Así lo destacó el secretario xeral del partido, Alfonso Rueda, en rueda de prensa al término de la reunión del comité ejecutivo en la localidad lucense de Chantada, donde la orden del día tenía como tema "fundamental" analizar la situación en la que se encuentran las negociaciones entre Xunta y Estado para tratar de desbloquear la ley que regula las entidades financieras gallegas, según recoge Europa Press. "Coincidimos con las valoraciones hechas desde el Parlamento de que es necesario defender la constitucionalidad de nuestra ley, de una ley aprobada por la mayoría de la representación de los parlamentarios gallegos", aseveró el número dos del PPdeG. En este sentido, reiteró que el recurso "supone un intento de cercenar o delimitar la posibilidad que debe tener Galicia para autoorganizar su autonomía financiera" .
