Campaña para lograr la reinserción laboral de enfermos renales

Sala de hemodiálisis en el hospital Juan Cardona de Ferrol. El tratamiento debe repetirse cada 48 horas y por espacio de cuatro horas

El sistema sanitario gallego resuelve cada año un centenar de trasplantes de riñón. A nivel estatal son más de 2.200 los injertos que consiguen independizar a pacientes renales de las máquinas de hemodiálisis que, durante cuatro horas, un día sí y uno no, filtran su sangre supliendo el trabajo del órgano fallido. Cuando se presente la oportunidad de un trasplante, habrá pasado una media de año y medio en diálisis (según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes) y, probablemente, el paciente habrá perdido su puesto de trabajo. Cerca de la mitad volverán al mercado laboral sin certificado de minusvalía, pese a las complicaciones ligadas al tratamiento inmunosopresor, el miedo al rechazo, las secuelas de la diálisis, la hipertensión o los continuos controles con el equipo de trasplante que le acompañarán de por vida.

Las valoraciones de grado de minusvalía se rigen por el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre. Cuando una persona ingresa en un tratamiento de diálisis accede a un reconocimiento que va desde el 50 al 75%. Tras el trasplante, el 49,6% de los certificados son retirados y otro 19,6% revisados a la baja, con lo que el paciente pierde las ventajas fiscales y de acceso a un puesto de trabajo (beneficios para el empleador) que operan a partir de un grado del 33%.

Son los datos que ha recabado la Federación Nacional Alcer de lucha contra las enfermedades renales a través del estudio de 254 casos de trasplantes facilitados por sus sedes provinciales. Aseguran que en los últimos tiempos el colectivo detecta una aplicación más rigurosa del real decreto, que atribuyen al recorte del gasto público marcado por la situación de crisis. "La enfermedad renal manda a la gente al paro y una vez trasplantado, el Estado los quiere devolver a la vida laboral activa, pero el mercado no está dispuesto a aceptarlos. Muchos tienen en su currículum un agujero vacío demasiado grande como para que las empresas les vuelvan a contratar", denuncia Alejandro Toledo, presidente de Alcer.

"Basta mirar una analítica"

La federación ha iniciado una campaña que busca introducir cambios en el real decreto para que el baremo se adapte a las particularidades de las personas que han recibido un trasplante. "Basta con mirar una analítica de sangre o de orina para darse cuenta de que el trasplantado sigue siendo una persona enferma", apunta Alejandro Toledo.

"Hay que romper el mito de que el trasplantado es una persona sana", si no, advierte el presidente de Alcer, "tendrán una nueva vida, pero sin trabajo".

. rlizcano@elcorreogallego.es