El Gobierno de Feijóo, tijera en mano desde el primer día en que tomó las riendas de la Xunta, recortó gastos a marchas forzadas para lograr una reducción de partidas consideradas superfluas e innecesarias que finalmente alcanzó la cifra de 143,97 millones, con los que pretende ayudar a la reactivación económica.

El sonado plan de austeridad de la Administración gallega del cambio se abrió camino con el diseño de uno de los ejecutivos más discretos, en cuanto a su número (10 conselleiros), de toda España. A ello se sumó un drástico recorte en su representación periférica, al pasar de 52 delegados provinciales a sólo cinco, lo que permitió ahorrar cuatro millones de euros al año. Así, en el capítulo de personal, a costa de adelgazar cargos y gabinetes, el Gobierno gallego consiguió revertir en las arcas autonómicas 7,8 millones para otros usos.

Ahora, un paso más allá de la congelación salarial, durante la tramitación de los presupuestos de la comunidad para 2010, una enmienda popular rebajará los sueldos de los altos cargos un 3%. Esta medida se traducirá en un ahorro de entre 2.000 y 6.000 euros anuales por cada uno de ellos, según calculó el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aunque a día de hoy Facenda todavía no ha cuantificado el montante total de este recorte.

Pero el tijeretazo a los gastos de personal no ha podido, ni podrá a corto plazo, con las potentes nóminas que campan a sus anchas en entes públicos y sociedades mercantiles, sobre las que el Consello de Contas en su último informe (auditando cuentas de 2006) alertó, al cifrar en 86 los contratos blindados de sus ejecutivos.

La Ley de Transparencia aprobada en 2006 obliga a dar publicidad a la política retributiva de la Xunta, sin embargo empresas públicas, sociedades o fundaciones en las que la Administración no tiene la mayoría del capital se espacan de la norma.

Desarrollo legislativo

Así, los contratos de alta dirección cerrados en este tipo de entes, que configuran la llamada administración paralela, proliferan mucho más allá de lo estrictamente admisible, como evidenció Contas, e imposibilita al Ejecutivo de Feijóo meter mano. Sólo a través de una reforma de la Lei de Función Pública, en la que trabaja la Consellería de Facenda a buen ritmo, y tras su posterior desarrollo reglamentario, se podrá establecer unos "criterios básicos" con el objetivo de "racionalizar" las contrataciones en los que se vienen en llamar desde lejos "los chiringuitos", que han ido dejando e incrementando los distintos gobiernos a su paso por San Caetano.

El Ejecutivo gallego prevé que el anteproyecto de la nueva Lei de Función Pública esté listo en el primer trimestre del próximo año y, antes de que finalice este ejercicio, la Consellería de Presidencia tendrá concluido su informe sobre los 150 organismos de la administración paralela con el que determinará cuáles son "prescindibles" y cuáles podrán ser eliminados, fusionados o reestructurados.

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