Javier Guerra y Emilio Pérez Nieto en la comparecencia ante los medios FOTO: ECG

El Plan Re-Móvete Comercial 2010, impulsado por la Consellería de Economía e Industria, llega en el momento justo y en el lugar adecuado. Con la subida del IVA y el final del plan 2000E estatal, todo el sector automovilístico español ha quedado desamparado. Las cifras de matriculaciones han bajado vertiginosamente y Galicia no ha sido una excepción. En los primeros quince días de julio los concesionarios gallegos registraron un descenso en las ventas del 42,3 % frente a la subida progresiva que llevaba experimentando en los meses anteriores.

Dotado con seis millones de euros, el programa de ayudas directas, pionero a nivel estatal, salvará la industria gallega de la automoción, uno de los baluartes económicos, pues genera un total de 24.800 puestos de trabajo. Mantener y recuperar las ventas de automóviles son los objetivos esenciales de este plan, que estima generará un nivel de negocio de 140 millones de euros.

Las subvenciones están destinadas a sustituir vehículos de más de 10 años de antigüedad o 250.000 kilómetros recorridos por otros nuevos o con menos de dos años matriculados originariamente en Galicia. El coste máximo del coche será de 30.000 euros.

La cuarta de las condiciones es que se trate de vehículos poco contaminantes, con una emisión no superior a 149 g/km de CO2, lo que lleva implícito un objetivo de concienciación ciudadana en materia de conducción ecológica y seguridad ciudadana.

Las ayudas oscilarán entre los 500 euros para vehículos de menos de 10.000 euros de coste, y un máximo de 1.500 euros en el caso de vehículos industriales comprados por empresarios con actividad en sectores que se consideran prioritarios.

Como explicó el Conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, en la presentación del plan -que presidió junto al presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Galicia, Emilio Pérez Nieto-, de la gestión del programa se seguirá haciendo cargo el Igape. La aplicación específica habilitada por este organismo permite conceder seguridad jurídica a las entidades colaboradoras, que cuentan de esta forma con la garantía de crédito para las solicitudes tramitadas y agilidad en la autorización y pago de las ayudas.

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