El PSdeG anuncia su abstención en la reforma de la Ley del Suelo si el PP no hace "un gesto rotundo" en Cabo Touriñán

La portavoz del PSdeG, Mar Barcón, anunció hoy que su grupo se abstendrá en la votación de la reforma de la Ley del Suelo de Galicia en el caso de que el Grupo Parlamentario Popular no haga "un gesto rotundo y claro" para la defensa de los espacios naturales, es decir, que rechace la ubicación de una piscifactoría en Cabo Touriñán (A Coruña).

En rueda de prensa, la dirigente socialista, que participó en la ponencia parlamentaria sobre la citada modificación legal, destacó el trabajo llevado a cabo en este marco puesto que ha supuesto "muchos avances" en la resolución de "muchas situaciones" y porque el texto consensuado "quedó bien".

No obstante, incidió en que todavía "un punto", el relativo a la construcción en espacios naturales protegidos, "impide" al PSdeG votar a favor. "No podemos sobrepasar esa línea", defendió, para señalar que "se debe evitar la degradación" de los espacios naturales protegidos a pesar de indiscutible protagonismo que debe tener el suelo para el desarrollo de actividades económicas.

"Existe un consenso social, político y profesional respecto a que hay espacios en los que no es posible instalar cualquier infraestructura, porque son nuestro orgullo", proclamó, para advertir de que los socialistas "no bajarán las manos" en la defensa del territorio. "No somos sus dueños, sino sólo sus guardianes hasta la próxima generación", sostuvo Barcón.

"Queremos un pacto y entendemos que dimos todos los pasos para lograrlo, pero pedimos al PP que también lo haga y se sume a esta iniciativa", concluyó, tras subrayar que el PSdeG "defenderá a cualquier precio" la protección del territorio.

Trabajo de la ponencia

Al margen de este punto de discordancia, Barcón indicó que su grupo presentó un total de 45 enmiendas de las que fueron incorporadas 35, encaminadas a "mejorar" el texto en el sentido de "aportar seguridad jurídica" y "cerrar las puertas a la ilegalidad y a lo que parecía una especie de amnistía general".

"Se mantienen los principios rectores de la ley que hablan de menor edificabilidad y más espacios y equipamientos públicos", celebró, partidaria de un tipo de urbanismo "pensado en clave de patrimonio colectivo más que de propiedades y solares".

Sobre las reformas consensuadas, citó la "agilización" de los trámites burocráticos de los planeamientos y la "mejora" en los procedimientos de regularización de edificaciones que se encontraban en "una especie de limbo jurídico", además de la regularización de las naves industriales construidas antes de la ley en vigor en un plazo de tres años.