Elena Salgado, vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, ayer, durante su intervención en el Congreso de los Diputados FOTO: Ballesteros

El acuerdo entre la Xunta y el Gobierno central para despejar el compás de espera en que ahora se encuentra la Lei de Caixas gallega -recurrida por el Ejecutivo central- y se aclaren los horizontes de fusión de Caixa Galicia y Caixanova no parece cercano.

Ayer, mientras en Santiago el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, hacía un llamamiento al Gobierno para que retire "cuanto antes" el recurso, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, acusaba en el Congreso de los Diputados al Ejecutivo gallego de presionar a las entidades de ahorros gallegas para que se fusionen. Al mismo tiempo, desde el BNG, era el diputado en Cortes Francisco Jorquera quien aseguraba no fiarse "del árbitro" de la reordenación financiera, en clara alusión al Banco de España.

Para Alfonso Rueda, el levantamiento del recurso y los plazos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) son cosas "independientes". "Si al final todo se estuviera condicionando a si se adelanta o no los plazos del FROB, sería tanto como decir que lo que está haciendo el Gobierno central es intentar que no haya fusión en Galicia y que no tenga futuro financiero", sostuvo.

En este sentido, consideró que "el principal punto de desacuerdo" radica en que "Galicia quiere tener futuro financiero y el Gobierno socialista en Madrid no lo quiere". "Por eso nos puso al señor Zarrías de interlocutor para intentar bloquearlo", aseveró el popular.

Rueda manifestó que la Xunta apuesta por el diálogo, pero que el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, "acreditó de sobra que no le vale como interlocutor a Galicia porque está ahí para taponar, para que no se llegue a acuerdos y para dilatar todo lo máximo posible sin ninguna razón que no sea el interés político".

Por su parte, la vicepresidenta Elena Salgado aseguró que "para ver interferencias en el proceso de fusiones de cajas de ahorros no hay que mirar al Gobierno de España, sino a la Xunta". "Sólo la Xunta y algunos partidos políticos hablan de la fusión, pero no las protagonistas del proceso", dijo Salgado, tras aclarar que la legislación actual, tras el recurso a la ley autonómica ante el Tribunal Constitucional, "no prohíbe en absoluto" la integración de Caixanova y Caixa Galicia, "lo que no hace es obligar, una diferencia que hay que tener en cuenta".

"Los gobiernos autonómicos -indicó Salgado- cuentan con amplias competencias, pero esto no debe suponer la aparición de 17 sistemas financieros propios". "Se debe respetar el reparto competencial que establece la Constitución española", sentenció la ministra gallega.

Caja Duero y Caja España abren el baile del mapa financiero

En medio de un panorama económico convulso, donde sólo 18 de las 45 cajas de ahorros permanecen ajenas a los movimientos de concentración, Caja Duero y Caja España protagonizan la primera de las fusiones que en pocos meses dibujarán un nuevo mapa financiero español.

Ambas cajas limaron sus diferencias y ayer mismo llegaron a un acuerdo definitivo, sólo pendiente de un pacto laboral con los sindicatos.

La nueva entidad, cuya denominación social es Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y que estará operativa a partir del 1 de julio, se convertirá en la séptima caja del país, con unos activos de 45.247,9 millones de euros y un patrimonio conjunto de 2.493,7 millones de euros. Contará con una red de 1.102 oficinas y una plantilla total de 5.549 empleados, aunque está previsto el cierre de 253 sucursales en lugares donde ahora están duplicadas y amortizar 846 puestos de trabajo.

Para que la fusión de Caja Duero y Caja España pueda hacerse realidad se pedirán 525 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de los que 350 se devolverán en 2014 y 175 en 2015, aunque el Plan de Negocio recoge que en cinco años la nueva entidad tendrá un beneficio de 365 millones, lo que "demuestra que es un proyecto consistente y viable", según aseguró el director general de Caja Duero, Lucas Hernández.

Los consejos de administración de Caja Duero y de Caja España dieron su visto bueno a la fusión, aunque con diferencias en los apoyos. Mientras que en la entidad con sede en León sólo hubo un voto negativo (UGT), en la caja salmantina se contabilizaron cuatro votos en contra.

A partir de ahora, las dos entidades de ahorro de Castilla y León intentarán llegar a un acuerdo laboral antes del próximo lunes con los sindicatos, para firmar cuanto antes la fusión.

En la actualidad, cerca de treinta cajas de ahorro españolas se encuentran con negociaciones en marcha para despejar su futuro a través de una fusión, como es el caso de Caixa Terrassa, Caixa Sabadell y Caixa Manlleu en Calatuña y Unicaja y Caja Jaén en Andalucía.