Lunes 08.03.2010
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Todos están encantados con la nueva regulación pero, a día de hoy, todavía son muchos quienes la incumplen llevando a numerosas empresas al borde del precipicio. Cierto es que la nueva Ley de Morosidad -en vigor desde julio y que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores, y de 30 días en el caso de las administraciones públicas- establece un período de adaptación que se extenderá hasta 2013. Pero tal y como están las cosas, el clamor por que los plazos se agilicen está en la boca tanto de compañías como de asociaciones profesionales. De lo contrario, la única solución pasará por cerrar la persiana.
"De momento estamos muy lejos de cumplir con lo que estipula la ley. En casos extremos, hay empresas que tardan más de 200 días en poder cobrar sus facturas", relata a preguntas de este periódico el gerente de la Asociación Empresarial de Materiales para la Construcción de Ámbito Autonómico (Asemaco), Andrés Sande. "Ahora mismo todo sigue igual que antes, aunque todavía es pronto para hacer valoraciones, porque la ley apenas lleva dos meses en vigor", puntualiza.
Desde uno de los sectores más castigados por la lacra de los impagos, como es el ladrillo, Sande avisa de que aunque el nuevo texto "es bueno", nadie debe verlo como la "panacea" ni la solución definitiva, pues siempre habrá quien no pague. En este sentido, pide a la Administración que no dude en sancionar con dureza al moroso y reclama rapidez al poder judicial a la hora de resolver las denuncias. "Actualmente una empresa abre, no paga, cierra y aquí no pasa nada", se queja.
El gerente de Asemaco asegura que hay grandes empresas que siguen imponiendo el pago a 180 días a contar desde que reciben la factura y le dan conformidad, "algo que suelen retrasar", con lo que es fácil que los seis meses de espera se superen de largo. ¿Y que pasa con la Administración?. Pues, según Sande, hay de todo. "Es cierto que la Xunta agilizó sus pagos. En los ayuntamientos, los hay que pagan bien, y otros que no tienen un duro".
Penurias municipales. Y ojo, porque esta es una realidad de la que no sólo se quejan los negocios vinculados a la actividad inmobiliaria. El propio presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Ames, Carlos Fernández, confirma que, sobre todo los concellos más pequeños, están pasando las de Caín para llegar a fin de mes. "En su día -explica-, yo ya advertí de que, aunque todos aspiramos a cumplir la ley, va a ser muy difícil aplicarla mientras no se resuelva el problema de la financiación local".
Fernández va incluso más allá y se muestra convencido de que, de seguir así, no será posible cumplir la norma al 100% en 2013 y que los ayuntamientos puedan abonar sus notas pendientes en el plazo de 30 días estipulado. ¿Por dónde pasa entonces la solución? A juicio del presidente de la Fegamp, lo fundamental es la entrada de dinero en los concellos procedente de la Administración central y las autonomías, "que nos tienen que compensar por los servicios que prestamos".
Lo que sí tiene claro Fernández es que la receta para que los municipios hagan frente a sus deudas según el nuevo texto antimorosidad no pasa por subir la tributación ni por multar más. De hecho, el dinero que se recauda por esos conceptos "es muy reducido" en relación al gasto. "Para que sirviese de algo habría que multar 20 veces al día a cada ciudadano", bromea. No obstante, reconoce que sí hay algunas medidas que los ayuntamientos pueden tomar. Entre las principales se encuentran las de reducir el gasto, una fiscalidad más racional y más eficiencia. Aun así, insiste, la parte principal pasa por que el caudal de dinero procedente de Estado y autonomía aumente.
El alcalde de los alcaldes admite que, por término medio, los municipios gallegos sobrepasan de calle los 60 días a la hora de satisfacer las facturas. En el caso de su concello, Ames, "hacemos un gran esfuerzo", pero el bajón de los ingresos del Estado y de los procedentes del urbanismo, "unos 3,5 millones menos al año", hace que también abonen tarde.
Datos preocupantes El sondeo, en base a 409 respuestas, muestra que, respecto a la ratio de impagados, el 29% de las empresas ve un aumento de sus impagados, un 53% no constata variaciones y sólo 18 de cada 100 opina que han caído.
215
Promedio en días de espera para cobrar una factura en la comunidad de Madrid, a la cabeza de España a juicio de la PMCM.
2%
Ratio de morosidad que se registra en la Unión Europea (UE) frente al 4,9 pro ciento –más del doble– que arroja para España la encuesta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM). Esta tasa, según indican, es "prácticamente idéntica" a la registrada en 2009.
93
Plazo medio de cobros pactado en el primer trimestre de 2010 entre empresas del sector privado. El efectivo fue de 107, muy lejos de los 57 de la UE.
38.000
Millones de euros que la Administración tiene pendientes de pago con las empresas. A su vez, la deuda de las compañías españolas con sus proveedores se sitúa en 60.000 millones de euros.
5,35%
Tasa de morosidad Los últimos datos del Banco de España, hechos públicos a mediados de agosto indican una leve disminución -de 0,16 puntos-a cierre del mes de junio con respecto a mayo de la morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) a particulares y empresas, hasta situarse en la cota del 5,35%,. Aún así, continúa siendo la más alta desde abril de 1996.
43.383
Millones Las cifras más recientes de la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) muestran, sin embargo, que los créditos dudosos de las entidades se elevaron en junio hasta los 43.383 millones, lo que supone un repunte de más de 100 millones respecto a mayo y casi 10.000 millones respecto a junio de 2009.
Los créditos totales concedidos por estas entidades también crecieron hasta 816.095 millones.
Eliseo Calviño, presidente de Caype: "Los autónomos tenemos pendientes millones"
"Por mucha ley que tengamos, si no hay dinero...". Así de pesimista se muestra el presidente de la asociación de autónomos Caype, Eliseo Calviño, sobre la efectividad de la Ley de Morosidad a corto plazo, constatando además que, como la norma no es retroactiva, muchas empresas se acogen a demorar el pago de las facturas pendientes porque ya venían de atrás. Desde Caype defienden que la única salida pasa por que el Gobierno ponga una fecha tope para que empresas y Administración liquiden sus deudas pendientes con los proveedores: "Mientras, no hay nada que hacer", se quejó.
Sobre la celeridad de las administraciones públicas a la hora de saldar sus cuentas, Calviño, a modo de anécdota, cuenta que lleva "al menos 15 años" esperando a cobrar una factura de la Xunta "de unas 950.000 pesetas" por unas obras en O Pedroso "que ya doy por perdidas".
Según los cálculos que maneja esta organización, a día de hoy los autónomos de toda España arrastran, en general, cuentas pendientes de cobro por valor de 32.000 millones de euros, lo que haría inviable su supervivencia si la ley no acorta los plazos de cobro mucho antes de 2013. "Si seguimos así, de aquí a tres años no quedará ya nadie".
¿Y que decir de la financiación? "Pues que el grifo sigue cerrado tanto en bancos como en institutos oficiales de crédito". Y pone ejemplos: "Hace más de un mes Caype pidió financiación al ICO, el máximo, 200.000 euros, y aún esperamos una respuesta".
LEY DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
La ley 15/2010, de 5 de julio, que entró en vigor el 7 de julio, es una modificación parcial de la ley de 29 de diciembre de 2004; esta última ley buscaba incorporar al Derecho español las directivas comunitarias en el ámbito de la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales; y es en este marco en el que se encaja también la modificación. Por tanto, estamos ante líneas de actuación de alcance europeo.
Las modificaciones más relevantes se producen en dos ámbitos, el privado y el de los pagos a realizar por las administraciones públicas.
-Ámbito privado: La principal novedad es que el pago debe realizarse en un plazo máximo de 60 días desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, no pudiendo dicho plazo ser ampliado. Sin embargo, esta regla general tiene numerosas excepciones:
1- Con carácter general, la ley considera nulas las cláusulas que amplíen el referido plazo de pago, siempre que aquéllas sean abusivas atendiendo a las circunstancias del caso; y será el juez quien aprecie estas circunstancias y quien establezca, en su caso, el plazo que considera apropiado (que quizá podría ser superior a 60 días).
2- El referido plazo de 60 días, para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago más largos, se ajustará de modo progresivo: desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2011, 85 días; durante el año 2012, 75 días; a partir del 1 de enero de 2013, 60 días.
3- Para los productos de alimentación frescos y perecederos, el plazo se mantiene en 30 días máximo a partir de la fecha de la entrega de las mercancías.
4- Con relación a los productos de alimentación que no sean frescos o perecederos rige el plazo máximo de 60 días, con el calendario del apartado 2.
5- Las empresas constructoras de obra civil que mantengan contratos con las administraciones públicas, con carácter excepcional, podrán acordar con sus proveedoras y/o subcontratistas los siguientes plazos máximos de pago: 120 días desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2011; 90 días durante 2012; y 60 días a partir del 1 de enero de 2013.
6- Se mantiene el régimen de plazos de pago en el comercio minorista (30 días salvo pacto en contrario), por lo que la reforma afectará, sobre todo, al comercio mayorista y entre empresas.
7- Se mantiene la indemnización por coste del cobro, que no es sino una especialidad de la indemnización de daños y perjuicios.
8- Se permiten agrupar facturas por un plazo no superior a 15 días, con el fin de facilitar las gestiones de cobro.
- Pagos a realizar por las administraciones públicas: el plazo para abonar el precio de los contratos de las administraciones públicas se rebaja de 60 a 30 días, a contar desde la expedición de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato; este plazo se aplicará a partir de 1 de enero de 2013, reduciéndose progresivamente el actual: 55 días en lo que resta de 2010, 50 en 2011 y 40 en 2012.
Importante novedad es el procedimiento especial de reclamación es estas cantidades, que permite a los acreedores acudir a la vía judicial (contencioso-administrativa), y solicitar en ésta el pago con carácter cautelar (anticipado), que acordará el Juzgado, salvo que la Administración pruebe que el pago no es procedente.
Todas estas novedades se aplican a contratos posteriores a la entrada en vigor de la Ley (7 de julio de 2010).
