La universidad española algo infrafinanciada en relación con los países más desarrollados. El gasto en las instituciones de educación superior se situaba en España en 2007 en el 1,1% del PIB, frente al 1,3% de la UE-19 y el 1,4% de la OCDE. La cantidad importa, pero también la manera de repartir los fondos. Por eso, la comisión mixta advierte a las comunidades de que los planes plurianuales de financiación universitaria deben distribuir "la mayor parte de los recursos" en proporción a los servicios producidos por cada institución". También considera "imprescindible" que tengan en cuenta "la diversidad de las actividades de las universidades" que los planes anteriores "no han contemplado". En este punto, se subraya sobre todo la relevancia creciente de las actividades de I+D+i y la transformación de la oferta docente para adaptarse al espacio europeo de educación superior.

La diversa composición de cada universidad es otro factor que destaca. "Hay que reconocer que las universidades son distintas entre sí: en su antigüedad, en su tamaño, en el peso del patrimonio histórico y en el de docencia, investigación y transferencia (...). El plan plurianual debe reconocer esa heterogeneidad y no tratar igual lo que es diferente", añade la comisión. El gasto del patrimonio histórico es precisamente una vieja reivindicación de la USC, que mantiene facultades y edificios de servicios en el corazón del Santiago Patrimonio de la Humanidad.

La mejora del ajuste entre oferta y demanda docente también merece mención expresa en las pautas para los planes económicos. "Es importante prestar atención y mejorar la gestión en este terreno, asumiendo los costes de las ineficiencias, y en especial en un periodo en el que se va a producir una importante reestructuración de las titulaciones y pueden tener lugar cambios relevantes en la demanda", añade.

El refuerzo de actividades de I+D y transferencia, la estabilidad en la evolución de los recursos, el horizonte plurianual y la consideración de la contribución socioeconómica de las universidades en sus territorios son otros aspectos que la comisión mixta aconseja valorar al repartir fondos. A cambio, las comunidades deben garantizar estabilidad y suficiencia financiera y equidad.