Domingo 08.02.2009
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| Marcha por la visibilidad y los derechos de las personas con diversidad funcional ayer en Ferrolel FOTO: kiko delgado |
En mayo de 2008 España ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporando a su reglamento un texto legal que obliga a los estados a establecer las garantías necesarias para que todas las personas con diversidad funcional puedan hacer un uso pleno de su ciudadanía. Pero el paradigma de normalización y de derechos que introduce este tratado internacional choca todavía, en opinión de Mario Piñeiro Vázquez, con el viejo planteamiento médico-rehabilitador, latente en los usos del reglamento jurídico español.
El fiscal jefe de Santiago participó ayer en las jornadas organizadas en Compostela por el Comité de Entidades de Representantes de Persoas con Discapacidade en Galicia (Cermi) con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Discapacidad y lo hizo lanzando una crítica al paradigma imperante que, según denunció, está permitiendo un uso "abusivo" de la incapacitación jurídica total.
Piñeiro hizo hincapié en el artículo 12 de la convención, según el cual "los estados asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos" y asegurar que las decisiones que se adopten "respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona (...)" y "sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona. En esta misma línea de respeto a la autonomía personal, el artículo 12 obliga a los estados a adoptar "las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica".
Al contrario, advirtió el fiscal jefe de Santiago durante su intervención en el hotel Tryp San Lázaro, y aunque el reglamento prevé distintos grados de incapacitación, la incapacitación total "se está utilizando con fines perversos". "Los servicios sociales acuden de forma sistemática a esta fórmula con solicitudes vía fax a la Fiscalía", y en algunos casos, dijo, para conseguir el internamiento en centros y "en contra de su voluntad" de personas que viven solas, "y que no están normalizadas por alguna razón", pero con capacidad para elegir. Piñeiro consideró que el reglamento español ya contempla fórmulas que, acompañadas de reformas, pueden encajar con el espírito de la convención, que promueve medidas de apoyo puntual para el ejercicio en primera persona de la capacidad jurídica. En concreto, aludió a la figura de la curatela, aplicada sólo a actos concretos.
El notario José Manuel Lois aludió a otras formas de discriminación eliminadas claramente por la convención, como el aborto eugenésico y la esterilización de personas con diversidad funcional. Julio Iglesias Redondo, profesor de Dereito Civil de la Universidade de Santiago, señaló que la convención viene a consolidar "las interpretaciones más avanzadas" que se podían hacer de la Constitución Española.
. rlizcano@elcorreogallego.es
Referentes de integración
La Universidade de Santiago (USC), en la categoría de instituciones, y Victoria González Vázquez, en la individual, recogieron ayer el Premio Manuel I. Piñeiro Pallín de la Fundación Amigos de Galicia. En el primer caso, el galardón reconoce el estudio sobre la accesibilidad de los campus gallegos impulsado desde la USC, el servicio de asistencia personal que la institución brinda a sus alumnos con diversidad funcional, la accesibilidad de su página web o su implicación en el proyecto del Centro Documental Vida Independiente. Por su parte, Victoria González es un referente anónimo de los principios de vida independiente. Tiene una paraplejia desde los 19 años como consecuencia de un accidente de tráfico, concluyó sus estudios de Derecho, vive sola, es jefa de servicio de la Dirección Xeral de Tributos de la Xunta y medallista de esquí adaptado. Fue premiada también como Gallega del Mes .
Comunidad lingüística sin garantías
La Ley 27/2007 de 23 de octubre reconoce las lenguas de signos española y catalana y establece las obligaciones de los poderes públicos de cara a garantizar el acceso de sus usuarios a la educación, la formación y el empleo, la salud, los transportes o las actividades de ocio. La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) inició ayer una campaña que reclama la aplicación efectiva de la ley para igualar las oportunidades de participación social del colectivo sordo. "Deseamos explicar a la ciudadanía cómo nos sentimos cuando no hay intérpretes de lengua de signos en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales, en las clases, en los centros públicos; qué ocurre cuando ponemos la televisión y no hay subtítulos o son defectuosos, y una lista interminable de barreras invisibles que impiden a las personas sordas formar parte de esta sociedad", señala el comunicado oficial de la CNSE difundido ayer, Día Internacional de la Discapacidad .
Marcha sobre ruedas por el centro de Ferrol
Al ritmo de los tambores y montando una auténtica fiesta, los colectivos de personas con diversidad funcional en Ferrol protagonizaron una marcha reivindicativa. En una batukada itinerante, con participación incluso de usuarios de sillas de ruedas, la multitudinaria movilización llegó desde el Cantón hasta el Ayuntamiento.
En la plaza de Armas, la presidenta de la Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol leyó un comunicado en nombre de todos los reunidos. Mari Morado apostó por "cambiar a linguaxe e que se nos recoñeza como personas con diversidade funcional, non temos menos valía que os demais". Exigió la eliminación de las barreras arquitectónicas, "e de tódalas actitudes que nos fan invisibles, nós queremos vivir en igualdade cos demais cidadáns". La festiva manifestación sirvió además para reclamar "os medios necesarios para un principio de normalización, con proxectos municipais integradores para todos"
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