La Fiscalía denuncia la construcción de una casa en Porto do Son en suelo rústico protegido

El fiscal de Patrimonio, Antonio Roma Valdés, denunció ante el Juzgado de Instrucción de Noia la construcción de una vivienda unifamilar con piscina en el municipio coruñés de Porto do Son a pesar de que el enclave cuenta con la calificación de suelo rústico de protección agropecuaria.

Según recoge la denuncia de la Fiscalía, el 20 de diciembre de 2002 el Ayuntamiento de Porto do Son concedió una licencia urbanística --que fue informada favorablemente por el técnico municipal-- para la citada construcción a instancia de María de las Mercedes N.A..

No obstante, debido a la calificación del suelo, el fiscal destacó que resulta "imposible" la construcción de viviendas "ni de piscinas", como fue este caso, "desarrollándose una actividad constructiva posterior".

  Al respecto, subrayó que la sentencia del 2 de octubre de 2007 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña, que es firme en la actualidad, "declaró la nulidad de la licencia.

El Diario Oficial de Galicia del 29 de diciembre de 2005 publicó que las obras de la construcción de una vivienda unifamiliar y una piscina promovidas por Mercedes N.A. se estaban realizando "sin la preceptiva autorización autonómica, ni la licencia urbanística municipal" en Pena Maior, en el término municipal de Porto do Son.

El DOG recogió que eran "ilegalizables por resultar incompatibles con el ordenamiento urbanístico", por lo que ordenaba la demolición de las obras con cargo al interesado y prohibía "definitivamente" los usos a los que diesen lugar, para lo que fijó un plazo de dos meses.

DILIGENCIAS.

Ahora, la Fiscalía pide al municipio de Porto do Son que "informe de la identidad de las personas que votaron favorablemente a la concesión de la licencia" en la comisión de gobierno del 20 de diciembre de 2002 --momento en el que el ayuntamiento contaba con ocho concejales del PP, siete del PSdeG y dos del BNG--, incluido el técnico municipal que informó de la misma.

Así, el fiscal de Patrimonio reclama copia auténtica de los informes y del acta municipal. También requiere que se expida una copia del expediente correspondiente a la licencia municipal.

Asimismo, solicita a la Dirección Xeral de Urbanismo que "mantenga abiertos los expediente de reposición de la legalidad urbanística dirigidos a demoler la vivienda" y que comunique la valoración e importancia de las obras desarrolladas.

Demanda, además, la declaración en calidad de testigos de los agentes que practicaron las inspecciones oculares efectuadas en el expediente; así como que el Seprona remita al juzgado informe y reportaje fotográfico.