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La Fiscalía de Medio Ambiente reclama "mejorar la capacidad de respuesta jurídica" para afrontar causas como el Prestige

Ministerio Público y letrados admiten que la aseguradora es la única vía para obtener las indemnizaciones pendientes

E.PRESS. A CORUÑA  | 11.11.2017 
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El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ve necesario que España "mejore en la capacidad de respuesta jurídica" ante causas judiciales derivadas de una catástrofe como la del Prestige, un petrolero de cuyo hundimiento frente a la costa gallega se cumplen el próximo lunes 15 años.

Exigir "altos estándares de seguridad en la navegación" es otra demanda de la Fiscalía, a la que se suman también algunos abogados consultados por Europa Press.

En cuanto a los daños pendientes de abonar, las partes consultadas coinciden en que la aseguradora es el "único sujeto solvente" para hacerse cargo de los mismos. "El límite serán 1.000 millones", recuerda García Ortiz sobre la cuantía máxima que se podría obtener.

Fue a finales de 2002 cuando el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Corcubión asumió esta causa, pero no fue hasta octubre de 2012 cuando se celebró un juicio en el que la Audiencia Provincial de A Coruña acabó dictando sentencia un año después, en noviembre de 2013.

En ella, absolvió a los tres acusados de delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos.

Se trataba del capitán, Apostolos Mangouras (quien fue condenado por un delito de desobediencia); el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos; y quien en la fecha del hundimiento era el director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Con ello, se cerraba la posible responsabilidad civil, puerta que abrió en enero de 2016 el Tribunal Supremo con un fallo que condenaba a dos años de prisión al capitán por un delito contra el medio ambiente.

Junto a la responsabilidad civil directa del marinero, declaró la de la aseguradora, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association; la del Fondo Internacional para la Indemnización de Daños Causados por Hidrocarburos (Fidac) y de forma subsidiaria la de la propietaria del barco, Mare Shipping.

Tras este fallo, la Audiencia Provincial de A Coruña asumió la ejecución de una sentencia que implica evaluar los daños.

"Incluido el medioambiental en sus distintos aspectos y la indemnización de perjuicios materiales y morales, con el límite de las peticiones formuladas por las partes en sus conclusiones definitivas", precisaba el Supremo.

Sin embargo, los letrados consultados por Europa Press admiten que se trata de una "tarea complicada" que supone resarcir a particulares y administraciones, incluido el Estado español. "Es conseguir que alguien pague los platos rotos", resume el abogado Ramón Sabín, que representó a 60 cofradías, de Galicia, Asturias y Cantabria.

JUZGADOS ESPECIALIZADOS

"La aseguradora es el único sujeto solvente", admite, a su vez, el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, quien ha recordado que las posibilidades son o la ejecución desde España del fallo judicial "o demandar a la aseguradora en Londres". Por otra parte, remarca que el Fidac "ya anticipó lo que tenía que pagar".

Sobre las conclusiones que extrae de esta causa judicial, dice que son "mejorar en capacidad de respuesta jurídica" frente a un entramado de empresas "que trataron de ocultar patrimonio". "La estrategia de la defensa fue encubrir los hechos", apostilla sobre un juicio que se prolongó durante meses.

"La travesía fue muy complicada", reconoce haciendo uso del símil marítimo. Por este motivo, señala que del Prestige debe concluirse que un juzgado de instrucción como el de Corcubión no está "preparado" para afrontar una causa así, y también la conveniencia de que la instrucción sea atribuida a los fiscales, especialmente en estos casos.

A ello, suma la petición de que haya juzgados "especializados". En la misma línea, precisa que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "no es un instrumento válido para afrontar delitos complejos".

GARANTIZAR LAS INDEMNIZACIONES

Por su parte, el letrado Ramón Sabín recuerda que, para asegurarse el cobro de indemnizaciones, en su caso optaron por un acuerdo con la Administración central. "Los que no llegaron a acuerdos siguen sin saber cuándo cobrarán y cómo", apostilla. Al hilo de ello, subraya que el Estado español es el que ha pedido "una indemnización más importante".

Este abogado lamenta que no se haya "aprendido" de lo ocurrido. "¿Cómo buques que pueden causar indemnizaciones de miles de millones de euros van con una cobertura ridícula?", se pregunta.

Por ello, defiende que se les exija una seguro que garantice "esas responsabilidades". "Y entonces la aseguradora ya se encargará de darlo a los que cumplan las condiciones de navegabilidad", reflexiona.

"SE DEJÓ ESCAPAR A LA CLASIFICADORA"

Mientras, Pedro Trepat, el abogado que representó a 'Nunca Máis' --un movimiento que surgió con esta catástrofe marítima y que se ha reactivado con la oleada de incendios--, cree que del juicio del Prestige se extraen varias conclusiones.

"Que el Juzgado de Corcubión no contaba con medios para una causa de esta envergadura y que se dejó escapar a la clasificadora ABS", resume.

Para Trepat, en línea con el argumento que mantuvo 'Nunca Máis', los técnicos que hicieron las inspecciones y que otorgaron al Prestige el certificado de navegabilidad tenían que estar imputados.

"Fue una decisión errónea", asegura al entender que debía haberse exigido la responsabilidad civil de estos técnicos y la subsidiaria de la clasificadora. En la misma línea, critica que España plantease contra ella un pleito en Estados Unidos que, finalmente, perdió.

Asimismo, lamenta que no se condenase a López-Sors, ya que, a su juicio, la decisión de alejar el barco fue "determinante" y "agravó" los daños ambientales. Por ello, aboga por que se aprenda que "se tiene que dar prioridad a los criterios técnicos y no a los políticos".