Domingo 07.02.2010
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| Carteles de protesta en Loira, en el concello de Marín, contra la aplicación de la Ley de Costas FOTO: ANA |
El intento de la Administración gallega de salvar varios grupos de viviendas afectadas por el deslinde de la Ley de Costas no ha gustado nada al Gobierno central. El Consejo de Ministros acordó ayer solicitar al presidente Rodríguez Zapatero que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado de la Lei de Vivenda de Galicia que legalizaba algunos núcleos de población situados en esa franja litoral, la disposición adicional, aprobada por el Parlamento gallego el pasado mes de diciembre, y mediante la cual se pretendía blindar frente a los deslindes del Ministerio de Medio Ambiente a núcleos del litoral que se habían construido en terrenos catalogados como suelo urbano antes de que se aprobase la Ley de Costas, en 1988.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entiende que la solución que se buscó en Galicia para los enclaves consolidados que estaban en pie antes de 1988 "contraviene lo establecido por la Ley de Costas" acerca de la zona de servidumbre de protección aplicable a los núcleos rurales del litoral que existían antes de la entrada en vigor de la ley estatal.
Pactada por los tres grupos
La Ley de Costas prevé, con carácter general, que la servidumbre de protección tenga una anchura de 100 metros desde el límite del litoral y sólo permite, de forma excepcional, que tenga una anchura de 20 metros en terrenos que ya estuvieran clasificados como suelo urbano cuando, el 29 de julio de 1988, entró en vigor la normativa estatal. El Estado interpreta que la solución pactada en Galicia por los tres grupos parlamentarios -PPdeG, PSdeG, y BNG- para evitar expropiaciones en algunos enclaves del litoral gallego, a través de la referida disposición adicional que retocaba la Lei do Solo, "desvirtúa la Ley de Costas" estatal porque establece que esta anchura excepcional de 20 metros se extienda "a otro tipo de supuestos urbanísticos".
El Gobierno central informó de que su recurso de inconstitucionalidad fue elaborado de conformidad con los informes de los Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que dirige la gallega Elena Espinosa, y de Política Territorial, y cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
En Galicia existen varios concellos con núcleos de población total o parcialmente afectados por el deslinde marítimo-terrestre de Costas. Es el caso de poblaciones de Marín, A Illa de Arousa o Ribeira, además de enclaves en Moaña, Redondela, A Pobra do Caramiñal o Malpica.
Muchos de estos asentamientos fueron edificados después de 1988, pero lo que buscaba la enmienda a la Lei de Vivenda pactada por los tres grupos de la Cámara autonómica era intentar legalizar los que sí esta certificado que eran preexistentes. Esta es la realidad de cinco núcleos de Marín, de los que la Consellería de Política Territorial probó que existían con la consideración de suelo urbano antes de que se promulgase la Ley de Costas estatal.
Ajuste a la realidad autonómica
La delimitación del dominio marítimo-terrestre que acomete el Gobierno central provoca que las propiedades dentro de esta franja pasan a ser titularidad del Estado o pueden recibir una orden de derribo. La disposición adicional de la Lei de Vivenda recurrida por el Gobierno central reivindica que en los deslindes del dominio público marítimo-terrestre el límite interior de su zona de servidumbre de protección "haberá de axustarse á realidade urbanística preexistente recoñecida expresamente pola Administración urbanística autonómica".
. galicia@elcorreogallego.es
"Falta de sensibilidad"
El debate para salvar los núcleos urbanos previos a la Ley de Costas ponía hace unos meses sobre la mesa la acusación institucional al Gobierno central de no tener sensibilidad para entender el modelo territorial de Galicia. Esta era la valoración que hacía el entonces director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, aunque las críticas más duras a las consecuencias de la aplicación de la Ley de Costas en la comunidad autónoma llegaban desde el PP.
El diputado popular Manuel Ruiz Rivas aseguraba que los deslindes eran expropiaciones encubiertas, ya que las viviendas o construcciones que sean declaradas como parte del dominio público marítimo-terrestre pasan a ser de titularidad estatal, aunque los propietarios pueden seguir en ellas 30 años, en régimen de concesión .
