Un bache provocado por la crisis será causa de despido procedente. ¿Realidad, u otro de los globos sondas al que nos ha acostumbrado en actual inquilino de La Moncloa? El supuesto último borrador para la reforma laboral, que bien podría ser el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, podría aprobar manu militari el próximo día 16 si no hay pacto con los agentes sociales, acaba de acercarnos un paso más a la huelga general. Generalizar el coste del despido en todos los futuros contratos a 33 días por año trabajado, e imponer una indemnización generalizada de solo 20 días para empresas en caso de crisis genera un basta ya por parte de los grandes, CCOO y de UGT.

Lo que más ampollas ha levantado es la posibilidad de que bastará que cualquier empresario que alegue una mala situación económica para que un despido sea declarado procedente, con esos escasos 20 días por año trabajado de resarcimiento.

Si ponemos en perspectiva a los posibles afectados, los primeros que vienen a la cabeza son los expedientes de regulación de empleos (ERE) que extiguen contratos: el año pasado se registraron en España unos cien mil, entre ellos mil novecientos en Galicia. Estas rescisiones podrían evitar las duras negociaciones que impone el ERE para alcanzar el acuerdo y entrar en el rasero del despido low cost por la crisis que baraja el Gobierno. Si en Galicia le sumamos el medio millar de personas a los que estos expedientes dejaron sin trabajo en lo que va de año, el total de víctimas ascendería a unas 2.400, condenadas a ese límite de 20 días sin posibilidad de negociación.

Al menos ahora, en los despidos colectivos este límite pocas veces queda en esos niveles, pues se negocian mejores condiciones, e incluso en empresas de más de 50 trabajadores, las empresas deben presentar un plan de acompañamiento social que proponga medidas para reducir los efectos de la regulación laboral y atenúe las consecuencias.

El impulso del contrato con despido de 33 días de indemnización, en vez de 45 días, y el hecho de que un empresario alegue una mala situación económica para que un despido sea procedente son algunos de los puntos principales del borrador sobre reforma laboral filtrado a través de RNE. El borrador recoge también la limitación del contrato de obra a dos años y la adopción del modelo alemán de reducción de jornada, según la fuente.

Otro de los puntos del texto gubernamental refleja el modelo austríaco con un fondo constituido con las aportaciones de las empresas y del que saldría el pago de 8 días de indemnización por despido. Incluye también un plan de empleo juvenil y revisión de programas de bonificación.

Ante la filtración el Gobierno contraatacó diciendo que no cuenta aún con un documento definitivo de cómo será la reforma y que sólo existen "borradores" a la espera de que pueda lograrse un acuerdo entre los agentes sociales, en palabras de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien dijo que ese tema no estuvo ayer sobre la mesa del Consejo, pero la rueda de prensa final ha estado marcada por ella y por la posibilidad de que haya ya un documento cerrado del Gobierno.La vicepresidenta ha garantizado que "no existe ningún documento oficial, válido ni definitivo" sobre esa reforma, que de momento sólo está trabajando con borradores y que aún se alberga la esperanza de que fructifiquen las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales.

Para Mariano Rajoy "la seguridad y la flexibilidad" deben ser los ejes en torno a los cuales debe girar "cualquier reforma laboral que se haga en España", con el objetivo de "crear empleo y liquidar las dramáticas cifras de desempleo" que tiene el país. Rajoy admitió que para lograr estos objetivos haría falta diseñar un nuevo tipo de contrato. "La obligación básica de un Gobierno es gobernar y decidir", y nola de "hacer filtraciones y lanzar globos sonda" para finalmente "no hacer nada", apuntó.

Por su parte el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abogó por "hacer un esfuerzo" para lograr una reforma laboral pactada, como se hizo en 1997 y por ello pidió al Gobierno responsabilidad y que "no le eche la culpa a nadie" en la consecución de este objetivo. El jefe del Ejecutivo autonómico explicó que esta reforma laboral pasa, por "responsabilidad", por "ajustar" una legislación que estaba prevista para un momento económico que ha cambiado.

En opinión de Núñez Feijóo, "es posible pactar con las organizaciones sindicales y empresariales, y como es posible y hay antecedentes, en este caso es fundamental hacer el pacto". Para lograr dicho pacto, continuó, se necesita "altura de miras y que el Gobierno no le eche la culpa a nadie", sino que "todos seamos responsables para intentar mandar un mensaje de confianza tan necesario a toda la economía española" y, sobre todo a los más de cuatro millones de parados.

Por su parte el secretario general de la UGT recordó que el despido en España ya es "fácil, rápido y barato" y como "mejor prueba de ello" son "los 4,6 millones de desempleados que hay".