Los mismos datos sirven para defender argumentos encontrados. El actual sistema de financiación autonómica no prima lo suficiente la dispersión poblacional que eleva el gasto en transporte escolar gallego hasta casi un cuarto del total de España, pero la división de los recursos per cápita ofrece un panorama diferente. El sistema vigente, firmado en 1999, ofrece a cada gallego 200 euros más que la media estatal: 2.932 frente a 2.703.

A este argumento se aferra Cataluña para solicitar una revisión que prime el crecimiento poblacional que provoca que esta comunidad, vilipendiada por las más pobres, tenga un saldo per cápita inferior en 30 euros a la media y alejada de los 3.291 obtenidos por Cantabria.

La causa de esta radiografía radica en la inmigración que han recibido comunidades como Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana o la propia Cataluña. Todas ellas obtienen una ratio per cápita inferior a la gallega y a la castellanoleonesa.

Ambos bandos ilustran la guerra en la negociación del nuevo modelo. Por un lado, las comunidades que exigen que se tenga en cuenta la población y, por otro, las que exigen criterios que computen el encarecimiento que supone el envejecimiento, por ejemplo, para abordar el coste sanitario.

Las cifras absolutas muestran un panorama diferente, con Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana recibiendo los mayores volúmenes de recursos del sistema: 19,3%, 16,8%, 13,4% y 10,3%, respectivamente. Galicia, por su parte, obtiene un 7,1%, porcentaje que la Xunta aspira a mantener en el nuevo marco financiero.

Las negociaciones con Cataluña, en un momento de debilidad de Zapatero en el Congreso, resultan determinantes debido al peso del PSC y a la necesidad de contentar también a CiU.

En esta coyuntura de "geometría variable", el peso de Galicia resulta escaso para presionar a Moncloa.

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