Martes 17.06.2008
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| Sinaí Jiménez, presidente de la Asociación del Pueblo Gitano, ayer en las oficinas del Valedor do Pobo FOTO: R.Escuredo |
Los vecinos de Vilarchán, en la parroquia de Tourón (Ponte Caldelas), tienen vía libre para adquirir la vivienda del campo de la fiesta. A pesar de la señal de 2.000 euros entregada hace unos días, la familia gitana de O Vao comunicó ayer al propietario del inmueble su imposibilidad de completar la compra al no contar el con apoyo económico del Concello de Poio.
En la reunión que el alcalde, Luciano Sobral Fernández, mantuvo con los representantes de las familias gitanas afectadas por el derribo de sus chabolas, ya se anunció a Carlos Jiménez que el precio de la vivienda que pretendía en la parroquia de Tourón, 241.000 euros, era excesivo. En concreto, el Concello les explicó que las ayudas que pueden percibir a través del Plan de Erradicación del Chabolismo no pueden superar los 120.000 euros por casa.
"Se Carlos quere comprar a casa terá que facelo el directamente, porque o prezo é excesivamente elevado", argumentó el alcalde, quien sin embargo admitió la propuesta de otras cuatro familias de O Vao. En este caso, los cuatro chabolistas proponen la compra de cuatro pisos cuyo valor oscila entre los 110.000 y los 120.000 euros.
Si esta operación se lleva a cabo, quedarán todavía otras cinco familias (entre ellas, la de Carlos Jiménez) pendientes de realojar, una cuestión que, admite el propio alcalde, está resultado muy difícil porque no todas las personas quieren vender sus propiedades.
"Non é doado atopar vivendas que encaixen neste programa e que a xente estea disposta a vendelas", argumenta Luciano Sobral, que sabe que la adquisición de los inmuebles es indispensable para poder firmar el convenio con la Consellería de Vivenda.
Dentro de unos días, la piqueta actuará en el poblado gitano de O Vao para derribar las nueve chabolas que ordena la justicia por carecer de licencia. No obstante, el terreno seguirá siendo de los gitanos si acreditan con documentos que les pertenecen.
Cabe la posibilidad de que en un futuro sean adquiridos para regenerar una zona muy deteriorada y que precisa de una gran limpieza. En caso de que los moradores no puedan acreditar la propiedad, esos terrenos pasarían a formar parte del patrimonio municipal.
Anuncio Hoy, el Concello de Poio notificará a los nueve afectados el día en que se llevará a cabo el derribo de las chabolas, que puede ser complicado si no se produce el realojo.
Sin solución A pesar del derribo de nueve chabolas, el Concello sabe que el problema de O Vao está sin solucionar porque en ese lugar permanecerán muchas casetas de madera y bloques que cuentan con licencia municipal y que no podrán sufrir los efectos de la piqueta.
Proyecto integral En opinión del alcalde, para acabar con el chabolismo es preciso afrontar un proyecto integral, cuyo diseño ya fue presentado hace años. Consistía en la construcción de viviendas sociales en ese mismo lugar para los pobladores y también se abriría un nuevo vial cuyo inicio habría inaugurado el ex presidente Manuel Fraga.
Oposición Al proyecto se oponían los payos que viven en las inmediaciones. A su vez, la actual Administración autonómica lo aceptaría siempre que el asentamiento no fuese masivo: la Consellería de Vivenda apuesta por que las poblaciones se distribuyan por otros concellos.
La ubicación de los pisos es un secreto
El precio de cada uno de los cuatro pisos que habrá de adquirir el Concello para el realojo de los chabolistas no supera los 120.000 euros. Su ubicación se mantiene en secreto para no generar el problema de Vilarchán.
Resulta difícil encontrar inmuebles apropiados
El Concello de Poio admite la dificultad que existe en encontrar viviendas apropiadas para estas personas y, sobre todo, que sus propietarios quieran venderlas. “Nunca foi unha situación doada”, admite Luciano Sobral.
La mayor subvención la aporta la Consellería
Los pisos de realojo tienen que ser propiedad municipal y se alquilarán por un precio módico a las familias durante dos años. Pasarían a su propiedad abonando la Xunta el 80% y el 20% cada familia o el Concello.
