El choque de trenes entre populares y socialistas gallegos que tuvo como escenario el Parlamento gallego tendrá continuidad más allá de la Cámara autonómica. Tras haber conseguido sumar los votos de los nacionalistas en una apresurada reforma, el Gobierno Feijóo se enfrenta ahora a un recurso de inconstitucionalidad desde el Ejecutivo de Zapatero que ya todo el mundo da por hecho y en el que la "esencia" se sustenta en torno a la "sospecha" de que toda la instrumentalización legal se ha orientado "para obtener el control político de la cajas" y provocar la fusión a la que se opone Caixanova.

La tesis del recurso para la que los socialistas gallegos estudiaron varias plataformas se concretará -después de que el Consejo de Estado se pronuncie- en un recurso ante el Tribunal Constitucional que cuestionará entre diez y doce artículos del texto reformado en la Cámara gallega.

Las sospechas que han provocado la no tan inesperada reacción del Ejecutivo de Zapatero se centran en torno a la fórmula que se ha elegido para renovar los órganos de dirección de las cajas de ahorro gallegas.

En ese sentido, el Gobierno tendrá muy en cuenta las supuestas contradicciones en las que incurre la ley gallega tanto en los aspectos competenciales que regula la Lorca como la propia Constitución.

"La esencia de la inconstitucionalidad" está, según los observadores más próximos, en la intención que se deduce a la hora de reformular la composición de los órganos de dirección.

Aunque los populares han defendido desde el principio que en el desarrollo de la Lei de Caixas se ha primado el respeto al marco competencial estatutario, la tesis contraria hacia la que se orientará el recurso del Gobierno central se centrará en que para que los renovados órganos de dirección se pronuncien sobre la fusión de las cajas gallegas tan solo sea necesario contar con la mayoría simple, es decir, la mitad más uno.

Las fuentes consultadas defienden que la alternativa de la mayoría simple para encarrilar la fusión es la prueba más evidente de que existe una intencionalidad política para hacerse con el control de las cajas.

En esa misma teoría se considera que la Xunta optó por esa vía, y no por la de la mayoría reforzada que se considera en los dos tercios, ante la imposibilidad de plantear una renovación del cien por cien de los órganos de dirección, que colisionaría con la LORCA.

El Gobierno de Zapatero, que ya ha comenzado a revisar la regulación de las cajas a nivel estatal, no ha visto con buenos ojos la proporción en la nueva distribución de los puestos en los consejos de administración y en las asambleas de las cajas. La pérdida de plazas para los representantes de ayuntamientos y otras instituciones, que ceden en favor del Parlamento, está en el fondo de la cuestión.

Otro de los apartados que puede llegar al TC es la capacidad que se le ha otorgado a Facenda para ejercer el control sobre los proyectos de la obra social de las cajas de ahorro cuando su importe supere los 500.00 euros, además de otras puertas abiertas al intervencionismo.

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