Golpe al relleno de las rías

Protesta en Cangas en la zona donde se quiere crear el puerto FOTO: efe/Salvador Sas

El Tribunal Supremo ha asestado un duro golpe a los rellenos de las rías. La sentencia que declara ilegal la ampliación del puerto de Marín cementando 300.000 metros cuadrados que antes ocupaba el mar puede sentar precedente. Así lo entienden diferentes asociaciones de defensa de las rías gallegas que esta semana han intensificado su lucha judicial contra los rellenos. Esperan que la Justicia actúe de igual modo en las ampliaciones del puerto de Vigo, en la dársena deportiva de Cangas o en el relleno realizado para la construcción de la planta de gas Reganosa en Ferrol.

1Marín: el puerto tendrá que devolver los terrenos al mar

·· La Autoridad Portuaria de Marín se encuentra en una situación complicada. La sentencia del TS ha anulado el Plan Especial del Puerto y declara ilegales los rellenos. El fallo obliga además a recuperar para el mar los 300.000 m2 en los que actualmente se encuentran instaladas varias empresas. La lucha de colectivos vecinales, de la Asociación por la Defensa de la Ría y de las cofradías comenzó en 1994. Desde entonces denunciaban que el relleno se iba a realizar sin un estudio de impacto ambiental que midiese la afección de la ampliación del puerto a la ría.

Según los mariscadores, en los últimos años se han perdido 400 puestos de trabajo por causa del relleno. Tras años de batalla judicial, el Supremo les ha dado la razón y reconoce que la obra carecía de estudio de impacto ambiental. "Los rellenos tapan los bancos marisqueros directamente y hacen que las partículas más finas se desplacen por toda la ría depositándose sobre los mariscos impiéndoles respirar", explica el biólogo del CSIC, Antón Masa. Además modifican las corrientes llevando arena que también sepulta los bancos.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez, asegura que la demolición de los rellenos "tendría aún mayor coste ambiental", pero la asociación de vecinos que denunció quiere que se ejecute la sentencia. Piden además que los responsables de la actuación, Autoridad Portuaria, Xunta y Diputación de Pontevedra sean castigados.

2Vigo: inician recursos contra las ampliaciones

·· Tras conocer el fallo de Marín, la plataforma A Ría Non se Vende ha decidido iniciar la batalla judicial contra la ampliación de las dársenas del Arenal, Bouzas y Trasátlánticos. Según aseguran en el caso vigués tampoco existe declaración de impacto ambiental. Xosé Reigosa, integrante de A Ría non se Vende, explica que el puerto de Vigo carece de un Plan de Usos, que es el que debería regular las actuaciones sobre la lámina de agua. Pese a que la presidenta de la Autoridad Portuaria, Corina Porro, ha defendido la legalidad de las obras en base al Plan Especial del puerto, A Ría non se Vende explica que este documento sólo marca las actuaciones en tierra. El próximo sábado 14 numerosos colectivos protestarán en Vigo contra los rellenos.

3Cangas: reclaman la paralización de las obras

·· El Foro Social de Cangas que se opone a la construcción de un puerto deportivo en la zona que antes ocupaba la factoría de Massó también ha movido ficha. Estudian pedir la paralización cautelar de las obras que, según denuncian, supondrán un fuerte impacto para la actividad pesquera y marisquera de la zona. Dende el Foro Social, Tiago Pérez recuerda que en este proyecto se combinan la ausencia de Plan de Usos, Plan Especial, evaluación ambiental, además de licencia municipal, por lo que confían más que nunca en que no se lleve adelante. Desde hace más de tres años, miembros del Foro Social se plantan a diario frente a las excavadoras para evitar la construcción del puerto.

4Ferrol: 125.000 metros para realizar la regasificadora

·· Para construir la polémica planta regasificadora de Reganosa también hubo que ganarle terreno al mar. Los tanques se levantaron sobre 125.000 m2 de relleno. La obra, según ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del año 2004, carecía también de declaración de impacto ambiental. La sociedad promotora, que cuenta con la participación de la Xunta de Galicia, ha recurrido al Supremo. El portavoz del Comité Cidadán de Emerxencias, Manuel Rodríguez Carballeira, espera que el TS les de la razón declarando ilegal la planta. Rodríguez denuncia que empresas y Administración trabajan con una política de hechos consumados. "Cuando se conoció la primera sentencia del Tribunal Superior de Xustiza en vez de parar las obras de forma cautelar lo que se hizo fue acelerarlas", lamenta. "Espero que la Justicia rompa de una vez las barbaridades ambientales que se están cometiendo", denuncia.

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