Martes 17.06.2008
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La fiscal dijo hoy que el presidente de la Fundación San Rosendo, Benigno Moure, manipuló la conciencia y voluntad de una anciana ingresada en uno de sus geriátricos, mientras que la Fundación obtuvo todo el beneficio económico de ese engaño y estafa.
Hoy se celebró la última sesión del juicio, cuyos imputados son Moure y el notario Alejo Calatayud, después de la denuncia del heredero de la anciana María Vázquez Covela, ingresada en un geriátrico de la Fundación en 1999, por el traspaso a esta institución de casi 600.000 euros y unas 60 propiedades.
El juicio incluyó la declaración de 20 testigos y tres peritos, y terminó hoy con los últimos testimonios y con la lectura, por parte de todos los abogados, de las conclusiones.
La primera en intervenir en la sala de la Audiencia, totalmente llena de público, fue la fiscal Elena Fernández, que desmenuzó los argumentos con los que imputa a Moure de los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento.
El Ministerio Público recordó que la anciana María Covela "no estaba bien" y "su estado físico mejoró con los cuidados del geriátrico de la Fundación, pero discutimos el manejo de sus bienes", y atribuyó a Moure la responsabilidad de todo lo ocurrido "aunque no interviniese directamente", agregó.
Según la fiscal, el propio Moure reconoció que firmó un documento del banco aunque habla de un documento de donación, "diferente al que consta en autos, que es de autorización", subrayó.
En relación al delito de estafa consideró que se refiere tanto al engaño a la anciana por perjudicarla, como al hecho de que la Fundación vendiese bienes que no tenía en propiedad.
En este sentido, explicó que las tierras que vendió Moure en 2001 "no eran todas de la anciana María Covela, ya que estaba sin repartir la herencia de sus padres, por lo que la Fundación compró en escritura privada bienes a la anciana de los que no era la propietaria legal".
En la estafa imputada a Moure, según Fernández, también se incluyen las ventas que hizo la Fundación de un patrimonio que no era suyo, de forma que cuando la anciana murió en 2003, en casa de su sobrino y heredero, "ella era totalmente insolvente y carecía de dinero y de cualquier bien rústico", precisó.
En relación a la falsedad, la fiscal aludió a la venta del piso de O Carballiño en un acto privado en 2001, de María Covela a la Fundación por un valor de 40.000 euros "que nunca salieron de la cuenta que la Fundación tiene en Caixanova para hacer ese pago, por lo que la anciana, dueña y propietaria, no cobró ese dinero".
La fiscal mantuvo su petición inicial de 14 años de prisión, el mismo tiempo de inhabilitación para responsabilidades en entidades de cuidado a mayores y el pago de 573.673 euros y sus intereses.
La acusación particular, ejercida por el heredero de la anciana, dijo en sus conclusiones que María Covela y su marido llegaron al geriátrico "Os Gozos" llevados por el servicio de asuntos sociales de O Carballiño y que no fue por beneficencia "sino pagando cada mes alrededor de 2.000 euros".
Destacó la "casualidad" de que Moure conociese todas las cuentas que tenía la anciana "y sin embargo dijo desconocer que estuviese incapacitada por la Fiscalía cuando le hizo firmar papeles, aunque fue él quien instó el expediente de incapacitación".
El letrado del denunciante fue el único que imputó al notario Alejo Calatayud, del que dijo que no se lucró "pero era consciente de la estafa que benefició a Benigno Moure".
Modificó su petición inicial de pena que pasó de 40 a 36 años de prisión para Benigno Moure por delitos continuados de apropiación indebida, estafa y continuado de estafa, falsedad en dos documentos privados y en uno público, una indemnización de 900.000 euros y la anulación de todos los contratos de compraventa.
Para Alejo Calatayud pidió 6 años por estafa y otros seis de inhabilitación especial para cargo público, además del pago de 100.000 euros.
Por su parte, la defensa reconoció que Moure y la Fundación pudieron hacer mejor las cosas "pero hasta la estafa aún queda un abismo", agregó.
