Preparación de pedidos de libros de texto y material escolar en un establecimiento compostelano FOTO: Fernando Blanco

A pesar de su presentación en plena Navidad, la bases del decreto del plurilingüismo en la educación -presentadas por el presidente de la Xunta el pasado 30 de diciembre- han cosechado ya críticas desde la mayoría de los sindicatos, organizaciones progallego y la oposición, que durante el Bipartito sacó adelante la normativa que fija al menos un 50% de la docencia en gallego. El Gobierno del PP insiste en que su reforma estará lista para el curso que viene, y el cambio también preocupa, y mucho, al sector editorial gallego.

"Introduce un sistema moi complexo que vai encarecer aínda máis o proceso de edición, e reduce a presenza do galego e, por tanto, da nosa posibilidade de actividade", advierte Manuel Bragado, director de Xerais.

Feijóo plantea un modelo en el que cada centro podrá decidir qué materias se impartirán en gallego o en castellano, forzando al sector del libro a editar cualquier manual en dos idiomas o incluso tres (el objetivo final es un tercio del horario en castellano, otro en gallego y otro en una lengua extranjera), una exigencia que amenaza una industria cultural con un muy precario equilibrio económico. "Para nós é impensable unha produción así". En muchos centros, vaticina, los prejuicios sociales que aún existen hacia la lengua de Galicia se traducirán en que quedará reducida a la plástica o a la música, donde apenas se trabaja la comprensión de la textualidad. "E iso para nós será letal".

Bragado, que reconoce que se le cayeron las lágrimas cuando leyó las bases del futuro decreto, advierte además que hará retroceder al gallego en un ámbito que ya estaba consolidado, trasladando a los colegios un conflicto "que o presidente non sabe resolver", una crítica repetida desde el mundo educativo.

El movimiento pedagógico Nova Escola Galega advierte que el tratamiento "aparentemente igualitario" de realidades lingüísticas muy desiguales provocará un mayor retroceso del gallego, y cuestiona además la legalidad de dar igual peso a una lengua extranjera que a otra oficial. Diversos sindicatos docentes también advierten de que no se cumple con la protección que merece el gallego y que el sistema educativo no está preparado para generalizar un tercio de la docencia en inglés, medida también cuestionada por su repercusión en el aprendizaje.