El fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra ha imputado tres delitos a dos dirigentes vecinales del barrio de Monte Porreiro por los incidentes registrados como consecuencia de los realojos de familias gitanas procedentes del poblado chabolista de O Vao (Poio).
Juan Carlos Aladro aseguró al término de la toma de declaración a Ángel Mario Lago y a Xosé Manuel Dopazo, que se les imputa, a raíz de una denuncia presentada por la Asociación del Pueblo Gitano de Galicia, un delito de amenazas, otro de coacciones y, por último, contra los derechos fundamentales de las personas.
Los dos directivos de la asociación vecinal O Mirador de Monte Porreiro acudieron esta mañana a los juzgados situados en A Parda para informarse sobre las causas de su citación para declarar ante el fiscal.
Dijeron que a ninguno de ellos les llegó citación para que prestaran declaración, aunque fuentes de los juzgados confirmaron que sí se las habían enviado.
"Nos preguntaron sobre las declaraciones que recogió un medio de comunicación en las cuales asegurábamos que las familias de O Vao se irían por las buenas o por las malas del barrio, pero, evidentemente, no era una amenaza. Queríamos decir que se irían bien porque las administraciones lo decidirían o bien por las movilizaciones que pondríamos en marcha", aseguró el presidente de la Asociación O Mirador, Ángel Mario Lago.
"Le contamos al fiscal que las tres familias que fueron realojadas en Monte Porreiro se identificaron en todo momento como procedentes de O Vao, donde es público y notorio que se trafica con droga y con objetos robados", añadió el representante de la asociación de vecinos.
Recordó que todas las movilizaciones que llevaron a cabo los vecinos fueron celebradas ante las administraciones y "nunca contra las familias".
Además, el fiscal jefe también solicitó que ambos directivos aportaran, "cuanto antes", documentación como el dossier de prensa que han ido reuniendo en las últimas semanas y en las que se recogen supuestos datos delictivos de las familias realojadas, así como las peticiones de movilización que presentaron ante la Subdelegación del Gobierno.
Tanto Ángel Mario Lago como Xosé Manuel Dopazo no se presentaron con abogado con lo que comparecieron dos letrados de oficio que estuvieron presentes en la declaración.
El fiscal jefe de la Audiencia subrayó que la investigación continúa su curso y que la denuncia podría ampliarse a más personas.
De hecho, hoy, a media mañana, el presidente de la Asociación del Pueblo Gitano de Galicia, Sinaí Jiménez, se personó ante la Fiscalía para presentar más documentación sobre los hechos denunciados.
"No puedo comentar en profundidad qué documentos nos ha solicitado el fiscal, sólo puedo decir que podría ampliarse el número de personas implicadas", agregó.
Jiménez comentó que ahora no sólo se analizará lo ocurrido en Monte Porreiro sino también los incidentes que sucedieron en la parroquia de Caritel, en Ponte Caldelas, a raíz del realojo en ese lugar de dos familias procedentes del mismo poblado.
El alcalde de Pontevedra también denunciado en esta causa no ha será llamado a declarar, según relató Aladro.
Mañana, a las diez, serán las tres familias denunciantes y el propio presidente de la Asociación del Pueblo Gitano de Galicia, Sinaí Jiménez, prestarán declaración ante el fiscal. EFE