La cuenta atrás para la solución de la difícil situación que vivía el menor obeso de Ourense ha llegado a su fin. El polémico caso de Moisés, el chico de etnia gitana de 10 años recién cumplidos, cuya tutela reclamaba la Xunta, se ha cerrado. Los padres han acabado cediendo en el pulso que mantenían desde hace semanas con la Consellería de Traballo e Benestar, negándose a entregar al pequeño para su ingreso en un centro tutelar.

Finalmente, el pequeño fue entregado ayer por la tarde de manera voluntaria por su familia a la Xunta e ingresado en el centro tutelar de A Carballeira en la capital ourensana, según confirmó el gabinete del departamento autonómico de Traballo e Benestar. Desde esta Consellería, en un escueto comunicado, explicaron que, a partir de ahora, "procederase a realizar unha análise en profundidade sobre o seu estado de saúde e actuarase como en calquer outra tutela asumida pola Administración, preservando en todo momento a intimidade e benestar do menor", aseguraron ayer desde el departamento que dirige Beatriz Mato.

De hecho, el muchacho, que al parecer se encontraba oculto en la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa, ayer mismo fue ingresado en el Complejo Hospitalario de Ourense (Chou) para comprobar su estado de salud. En este centro ya se le realizaron anteriormente exámenes desde el año 2005 debido a su obesidad mórbida y se advirtió en varias ocasiones a los progenitores sobre el riesgo para su vida. El niño llegó a pesar 86 kilos, aunque en los últimos controles realizados había logrado reducir su peso a 70 kilos, los que mantiene en la actualidad.

Presión judicial y policial

Este desenlace se ha producido dos meses después de que la Administración autonómica decidiese hacerse cargo de la tutela del chico alegando los problemas graves de salud que presentaba debido a su sobrepeso. Desde entonces Moisés, oculto por su familia, se encontraba en paradero desconocido para las autoridades y era buscado por agentes de la Policía Autonómica .

Los padres, Luis Montoya y Margarita Gabarres, pese al auto judicial que otorgó la tutela a la Xunta y el requerimiento de la Fiscalía para que entregasen a su hijo, se negaron rotundamente, alegando que alejarlo de su entorno familiar iba a suponer para el chico "un enorme perjuicio psicológico", opinión que avaló el informe de una psicóloga contratada por la familia.

La presión judicial y policial que se ha ejercido en las últimas semanas sobre los padres de Moisés-en los últimos días los agentes de la Policía Autonómica habían redoblado sus esfuerzos hasta conseguir estrechar el cerco sobre varios poblados gitanos de Galicia en los que podría encontrase el menor- puede haber influido en la decisión de la familia, aunque ya en las últimas semanas se habían celebrado reuniones entre la Xunta y la familia de cara a una solución pactada al enquistado conflicto.

El jueves pasado los padres del niño habían acudido a prestar declaración en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense en relación con un posible delito de abandono por no cumplir con la obligación de escolarizar al niño. Afirmaron que las 46 faltas al colegio en el primer trimestre del curso 2008-2009 se debieron a un accidente que sufrió y a que después su abuela tuvo una operación quirúrgica en Santiago.

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