Jorge Dorribo entró en la cárcel ante la gravedad del fraude

El empresario lucense Jorge Dorribo Gude durmió esta noche en la prisión provincial de Bonxe tras decretar la juez Estrella San José, a petición del fiscal, su ingreso en la cárcel como presunto responsable de la trama de fraude en subvenciones públicas desarticulada anteayer en Lugo, en la que también fueron detenidos el director del Igape, Joaquín Varela de Limia, y el subdirector de Formación, Carlos Silva Lista. La juez considera lo suficientemente graves los delitos de los que le acusan los investigadores de Vigilancia Aduanera y rechazó fijarle una fianza. Jorge Dorribo salió de los juzgados de la Ciudad de las Murallas, esposado en un coche de la Guardia Civil.

El empresario se enfrenta a un proceso judicial como presunto responsable de los delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, fraude fiscal y blanqueo de capitales. En el registro realizado en sus oficinas, que se prolongó hasta las tres de la madrugada de ayer, los agentes se incautaron de numerosa documentación que, según todos los indicios, probaría su posición de liderazgo en la trama desarticulada.

Jorge Dorribo, que figura como apoderado de más de una veintena de sociedades en el Registro Mercantil, entre ellas Laboratorios Nupel, en cuyas instalaciones en Lugo se realizaron los registros, "montó una trama para obtener subvenciones destinadas al fomento de nuevas inversiones en empresas". El dinero público, "en un importe elevado", según los investigadores", no llegaba a su destino gracias a un complejo sistema de ingeniería financiero puesto en marcha por el acusado.

Por otra parte, la magistrada decretó la puesta en libertad, aunque seguirán como imputadas, de las cuatro mujeres a las que tomó declaración inicialmente, durante la mañana y a primeras horas de la tarde, antes de la comparecencia del principal implicado. Las interrogadas eran tres empleadas de confianza de las empresas de Dorribo y la mujer de éste, Aveline Fernández, que figura como coadministradora en algunas de la veintena de empresas de su marido.

A la hora de elaborar esta información, ni Joaquín Varela de Limia, el director general del Igape, ni Carlos Silva Lista, el subdirector de Formación, habían comparecido ante la juez Estela San José. Seguían incomunicados, por orden de la magistrada, y no podían hablar entre ellos. Tras su detención en la sede del organismo de la Xunta, fueron trasladados a dependencias judiciales de A Coruña donde pasaron la noche. A primeras horas de ayer se les llevó a Lugo para su puesta a disposición judicial. Todo apunta a que no será hasta hoy cuando acudan ante la juez.

La jueza Estela San José prosigue este jueves con la ronda de declaraciones de los detenidos. Pasadas las 10.10 horas llegó a los juzgados de Lugo en un coche camuflado otro de los detenidos en el marco de la denominada 'Operación Campeón', desarrollada por la Agencia Tributaria a instancia del juzgado lucense.

CONTACTOS EN LA XUNTA. Jorge Dorribo Gude se jactaba de tener hilo directo con la cúpula del Igape desde hace varios años. Era tanta su confianza, que ofrecía a algunos empresarios conocidos su mediación para conseguir todo tipo de ayudas y subvenciones. Precisamente, la operación Campeón, como adelantó ayer este periódico, se inició cuando Vigilancia Aduanera investigaba un caso de blanqueo de dinero, presuntamente procedente del tráfico de drogas, en el que aparecen implicados varios empresarios de la comarca de Arousa. Uno de ellos, dueño de una firma náutica con la que tenía intensos contactos Dorribo, tenía el teléfono pinchado y el gerente de Nupel se ofreció para asesorarle ante el Igape: podría recibir una subvención que le permitiría blanquear dinero (uno de los delitos de los que se acusa a los integrantes de la trama).

A partir de ahí las comunicaciones de Jorge Dorribo fueron intervenidas y se tiró de un hilo, en un sumario paralelo, con una punta en Lugo y la otra en la sede del organismo dependiente de la Xunta. Las empresas de Dorribo recibían las subvenciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a través del Igape, por su supuesta apuesta de I+D+i pero, eso sospechan los investigadores, el dinero no llegaba al destino para el que se solicitaba y acababa justificándose mediante facturas fraudulentas que se cruzaban entre sí las firmas que forman parte de su holding. Como buena parte de la inversión procedía de Europa, fue en Italia, a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, desde donde alertaron de esta ingeniería financiera, que el BEI ya había denunciado.

MODUS OPERANDI. La forma de actuar de Dorribo se iniciaba presentando un proyecto de I+D+i en el Igape, que actuaba como intermediario ante el BEI. La Xunta ponía una cantidad, sobre el 40%, y el Banco Europeo de Inversiones, el 60% restante.

En marzo de 2011 se le aprobó la última subvención de casi un millón de euros que se justificaron con facturas emitidas por sus empresas: Monasterio Penamaior, S.A., Medicine Cabinet Services, S.L., Medicine Cabinet Services Naval, S.L., Tramipharma S.L., Diagnóstico de Bilogía Molecular, S.A., Laboratorios Asociados Nupel, S.L., Tramigal Grupo S.L., Pazo de Adai Sociedas, S.R.L., Innovent Inverestort, S.L, Esseo Parking, S.L., Lugo Líder, S.L., Luis Moyá Rally Schol, S.L., Ecovalen Energética, S.L., Car Desing, S.L., Nautical Support, S.L., Aplicaciones de Cemento y Aplicación, S.L. y Grupo Artesano Lucense, S.L.

La Agencia Tributaria investigó, además, a otras dos empresas que tenían vínculos estrechos con Dorribo. Una era la consultora Proytec y la otra Coveluma, dedicada a la compra y venta de maquinaria y materiales diversos.