Lunes 20.04.2009
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La fiscal que lleva el caso contra el ex alcalde de Gondomar Carlos Silva Mariño, del PP, mantiene la demanda de una pena de cárcel de un año y medio, además de la inhabilitación para cargo público por espacio de una década, por un presunto delito continuado de prevaricación, que también habrían cometido los cinco ediles de su equipo de gobierno también procesados.
En parte, la fiscal se apoya en las declaraciones de la técnico de la Administración general y de la secretaria del Ayuntamiento de Gondomar, que corroboraron el "salto en el tiempo" de un mes y medio entre la notificación del auto del Tribunal Supremo ratificando la ilegalidad del Plan Xeral de Ordenación Municipal, y la paralización definitiva de la concesión de licencias por el ejecutivo del entonces alcalde Carlos Silva Mariño
La fiscal considera que tanto Silva como los ediles de la junta de gobierno no sólo desoyeron las sucesivas advertencias de las técnicas municipales sobre la posible ilegalidad de conceder licencias con base en un PXOM anulado tanto por la Xunta como por los tribunales, sino que "ocultaron" el auto anulatorio del Tribunal Supremo aprovechando el espacio de mes y medio para conceder hasta treinta y dos licencias.
Tras asegurar que ni una sola de las licencias dadas en Gondomar entre diciembre de 2005 y enero de 2006 se ajustaron a la legalidad, y que tanto el alcalde como su equipo de gobierno eran conocedores de la situación, llegando a "guardarse de comunicar el auto anulatorio a las técnicas municipales", la fiscal señaló el "empecinamiento" de los seis procesados para mantener el argumento de la legalidad del plan de 1997 provocando que los técnicos municipales informaran a favor.
La fiscal insistió en que la prevaricación se constata en la concesión de licencias de forma manifiestamente "injusta". Asegura que, a tenor de los acontecimientos, la demanda de un año y medio de prisión es "suave". Apostilló que no son creíbles los argumentos de los cinco ediles procesados con el alcalde en torno a su desconoci- miento de la situación.
La defensa asegura que no ha quedado probada la prevaricación por afirmar que el voto a favor de las licencias se basó en los informes de las técnicas. "Todas las licencias contaron con informes favorables y por eso difícilmente se puede decir que actuaron a conciencia o a sabiendas de su ilegalidad, por eso no han actuado al margen del ordenamiento jurídico". Pide la absolución de los seis procesados.
