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piscifactoría

Mar insiste en que Touriñán cumplirá todas las normativas

26.11.2009 Adega ve "inaudito" que la Xunta "viole" la ley como demostró la sentencia sobre la planta de Rinlo

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NATALIA SEQUEIRO • SANTIAGO

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Faro del cabo de Touriñán, cerca del que podría instalarse la planta de rodaballo de Pescanova FOTO: Javier Toba
Faro del cabo de Touriñán, cerca del que podría instalarse la planta de rodaballo de Pescanova
FOTO: Javier Toba

Pese a que un informe de la USC localizó en Touriñán hábitats prioritarios que la Unión Europea prohíbe destruir, la Xunta mantiene que la futura piscifactoría cumplirá "todas las normativas". La Consellería do Mar insistía ayer en que el proyecto de Pescanova ya contaba en 2005 con todos los trámites legales exigidos y que "volverá a cumplirlos" cuando finalmente se autorice el proyecto. La planta fue paralizada por el Bipartito en 2006 porque iba a ocupar terrenos protegidos medioambientalmente por la Red Natura, pero ahora el Ejecutivo de Núñez Feijóo planea recuperarla.

Pero los ecologistas dudan de la validez de las autorizaciones que la Xunta de Fraga otorgó a la empresa Pescanova. Adega entiende que la declaración de impacto ambiental no tiene "ningún" valor legal. Según informó ayer la asociación, el documento fue firmado por José Manuel Álvarez-Campana Gallo, entonces director xeral de Avaliación Ambiental y actualmente presidente de Puertos de Galicia. Álvarez-Campana suscribió también la declaración de impacto ambiental de la piscifactoría de Rinlo, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló el pasado 22 de septiembre. La sentencia recriminaba a la Xunta que no tuviese en cuenta la presencia de los hábitats prioritarios protegidos por la UE.

En el proyecto de Rinlo la afección a estos entornos naturales "era menor de un tercio, mientras que en Touriñán es casi la mitad", subrayó ayer Adega en un comunicado. Según la organización ecologista la Xunta ya conocía en 2005 la presencia de uno de los hábitats prioritarios, los brezales secos atlánticos. Sin embargo, Adega indica que Álvarez-Campana certificó que no existían y que por lo tanto no eran necesarias medidas compensatorias al darle el visto bueno a la declaración de impacto ambiental presentada por la empresa Pescanova.

Lucha legal

"Es inaudito e intolerable que los responsables públicos, en vez de cumplir y hacer cumplir las leyes, se dediquen a ningunearlas, cuando no a violarlas como puso de manifiesto el propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el caso de Rinlo", denunció ayer Adega. Los ecologistas advirtieron que "llegarán hasta las últimas consecuencias en defensa de la legalidad y del medio natural". La organización ya recurrió en 2005 la autorización de la piscifactoría de Rinlo y seguirá con la batalla judicial. "Los responsables de firmar documentos y declaraciones falsas tendrán también que hacer frente a sus responsabilidades delante de la justicia", amenazan.

Adega considera que el informe realizado por el profesor de la Universidade de Santiago Javier Amigo, también puede servirles en su lucha en los tribunales. La organización aportó un estudio similar como prueba de la existencia de hábitats prioritarios en su recurso contra la piscifactoría de Rinlo. Amigo es uno de los mayores expertos en botánica de Galicia y participó hace diez años en el proyecto para cartografiar los lugares seleccionados para formar parte de la Red Natura por sus especiales valores ambientales.

nsequeiro@elcorreogallego.es

EL CASO DE MIRA

La Xunta se agarra a Portugal

El veto del Bipartito a la planta de Touriñán motivó que Pescanova decidiese instalarse en Portugal. En año y medio logró levantar una macropiscifactoría de rodaballo en la localidad de Mira. Los terrenos ocupados se encontraban también en la Red Natura. La consellería do Mar puso ayer a Mira como ejemplo de que la acuicultura es compatible con esta figura de protección de la Unión Europea. Mar considera que las autoridades comunitarias no se opondrán tampoco a la planta de Touriñán y afirman que la UE ya "archivó una queja sobre ella".

La directiva de Hábitats europea es la que regula qué puede hacerse y qué no en la Red Natura. El texto legal permite la instalación de planes o proyectos en estos espacios protegidos, pero con limitaciones. En caso de que existan hábitats considerados como prioritarios, -tal como sucede en Touriñán-, la directiva se vuelve especialmente restrictiva. Así subraya que para elegir estos emplazamientos sólo podrán alegarse "razones imperiosas de interés público de primer orden", como por ejemplo la seguridad pública o la salud humana. Además, el texto indica que para realizar este tipo de obras habrá que consultar previamente a la Comisión Europea .

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