Okupas, ratas y maleza invaden los inmuebles que la Xunta ya no usa

Estado en que se encuentra actualmente el chalé de Roxos, que fue la primera residencia oficial para el presidente de la Xunta FOTO: Antonio Hernández

La política de austeridad del Gobierno gallego llegó también a su parque inmobiliario. Su decisión de moderar el gasto que generan los alquileres de los inmuebles que ocupa para la prestación de servicios, que asciende a siete millones de euros anuales, se concretó en la rescisión de cuatro contratos y la negociación a la baja del precio de los que aún mantiene. Así, la Xunta logra un ahorro del 10% en arrendamientos.

Según los datos de la Secretaría Xeral de Patrimonio de la Consellería de Facenda, las medidas tomadas se tradujeron en un ahorro de 325.000 euros en el pasado ejercicio, y permitirá un ahorro anual de 725.000 euros.

La política de mejora del uso del patrimonio puesta en marcha por el Gobierno de Feijóo permitió además poner en valor edificios, como la Casa da Parra, un significativo inmueble ubicado en la plaza de A Quintana, en Santiago, en el que "con una remodelación casi insignificante", según Facenda, se instalaron dependencias administrativas con 20 personas. Esta reubicación permitió a su vez el "reaprovechamiento del edificio de la anterior Consellería de Traballo", ahora con 100 personas.

Pero no todos los edificios corren la misma suerte. Por ejemplo, la casa de Roxos, primera residencia oficial del presidente de la Xunta –adquirida en 1984, estrenada por Gerardo Fernández Albor, y morada a lo largo de prácticamente todo su mandato de Manuel Fraga– seguirá siendo devorada por la maleza y continuará como pasto para saqueos y okupas, a pesar de que la Administración reconoce que "merece un trato especial".

Un bocado apetecible

Fuentes oficiales sostienen que el chalé de Roxos, a cinco kilómetros de Santiago –un inmueble apeticible según el sector inmobiliario, que no se atreve a ponerle precio–, "en ningún caso está abandono, ni olvidado", para añadir que en este momento "no se puede actuar" sobre él. Obviamente, el mal estado en el que se encuentra –ya los graves problemas de habitabilidad hicieron que el Gobierno bipartito trasladase en 2007 a los ocupantes del centro de menores en que se había convertido– no permite su reutilización inmediata. Precisa de una "remodelación íntegra", apuntan desde Facenda, lo que supondría un "desenvolso económico muy elevado" teniendo en cuenta la actual situación de crisis. La Xunta justifica además su falta de actuación porque se encuentra en una zona de "en proceso de desarrollo urbanístico (SUNP 25) y que el plan contempla una "mayor edificabilidad que la actual".

Desde el Concello de Santiago, se insiste en que el desarrollo urbanístico de la zona "no afecta en absoluto a la obligación de la Xunta, como a cualquier ciudadano, de mantener su propiedad" en perfectas condiciones de "seguridad, formato y salubridad". "No hay nada que impida que se rehabilite" la casa de Roxos, zanjó Mercedes Rosón, concejala de Urbanismo.

La Xunta tiene claro que cuando termine el proceso de reestructuración una salida para propiedades que queden sin uso es la enajenación, por regla general mediante subasta pública, pero dadas las condiciones del mercado inmobiliario actual "no se considera conveniente" utilizar esta facultad en estos momentos.

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