La Xunta no quiere que los aspirantes tengan la obligación de hacer al menos una prueba de las oposiciones en gallego. Hoy mismo llevará la propuesta de modificación del artículo 35 de la Lei de Función Pública a una reunión extraordinaria de la mesa de empleo público con este único punto del día. Es la primera intención perfectamente definida en política lingüística del Gobierno de Feijóo, y un nuevo frente que aleja aún más el consenso parlamentario que la Xunta dice pretender en torno a la lengua.

El portavoz del área institucional de Grupo Socialista, José Manuel Lage, considera que la modificación de la ley que busca Feijóo es una buena muestra "do ataque que está sufrindo a lingua galega dende a propia Xunta de Galicia".

Un plan consensuado

Lage advierte que el cambio buscado por el PP va en contra de los intereses de los ciudadanos. "Queren desgaleguizar a administración pública, están anunciando unha reforma contraria ós intereses dos galegos. Os cidadáns teñen dereito a que os empregados públicos poidan coñecer e desenvolverse con soltura na lingua do país", dice.

El discurso del conselleiro Jesús Vázquez en el Parlamento, en el que se refirió al Plan Xeral de Normalización Lingüística como "un remuíño de ideas" que no obliga legalmente a nada, tampoco ha caído bien entre la oposición.

"Non é un remuíño de ideas, senón un plan tramitado polo Parlamento de Galicia, e votado polos tres grupos, incluído o PP", recuerda Lage. El documento, aprobado en la etapa de Manuel Fraga como presidente, y en el que participó el actual secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, recoge medidas muy concretas sobre el gallego en la educación, calcadas en el decreto que desarrolló en 2007 la Consellería de Educación de la socialista Laura Sánchez Piñón, y que el PP rechazó en el último momento apoyar.

Alberto Núñez Feijoo insistió ayer que la Xunta apuesta por el bilingüismo y no por la imposición de una única lengua, " sexa o galego ou o castelán". El presidente reiteró que su política lingüística en las aulas tiene el aval de las urnas, en la que los gallegos "deixaron claro que non querían imposicións". "Vamos buscar o consenso e non o frentismo. Cando presentemos o novo decreto, tras falar cos pais, será o momento de debater".

El de la toponimia es el tercer frente que ha abierto el Partido Popular sobre el gallego, reivindicando la oficialidad de La Coruña. La concejala de Cultura del Concello da Coruña, María Xosé Bravo, mostró ayer su confianza en el que el nuevo Gobierno de la Xunta cumpla con la Lei de Normalización Lingüística en un momento "preocupante e complicado" para la lengua gallega