Lunes 20.04.2009
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Faltaba que se pronunciasen los populares, pero al fin tenemos totalmente claro el esquema que, a velocidad supersónica, se aprobará el próximo día 30 y cerrará la reforma de la ley de cajas de Galicia. La principal incógnita, la cuota de representación de la comunidad, queda clara, pues será del 20% en una asamblea general de 160 miembros, que se traducen en 32 integrantes designados por proporcionalidad en el hemiciclo. A más escaños, más miembros afines a cada grupo. Además, en el caso de cajas sin entidades fundadoras, como es Caixa Galicia, se sumaría un 10% adicional, elevando hasta un máximo de 48 los miembros elegidos desde el Hórreo. Ochenta de 360 no estaría nada mal.
La gran incógnita era el texto que recogerían las enmiendas del PPdeG, y ayer su portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, y su responsable de Economía, Pedro Puy, quienes apuntaron que, en esas iniciativas, se integra el rechazo a que los integrantes de los órganos de dirección ostenten cargos políticos, deseo que expresó el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
También los grupos de la oposición, que presentaron ayer sus iniciativas, apuestan por que esta competencia resida en la Cámara bajo estas premisas. El Bloque, que enmienda así su proyecto de ley para especificar este asunto, también presentó otras seis iniciativas con el objetivo de "blindar" el veto ante un SIP y de que el Gobierno gallego coordine las inversiones y obra social que tengan que realizar las cajas foráneas en Galicia.
Cuestión de "por cientos"
Los populares mantienen el parámetro del 20% que introdujo el Bloque en su proposición de ley, lo que no irritaría al PSdeG. Sin embargo, esta formación discierne entre el 13% para la comunidad en los casos en que las cajas cuenten con entidades fundacionales (como Caixanova con el Ayuntamiento de Vigo y las diputaciones de Pontevedra y Ourense), y el 21% para las que no, caso de Caixa Galicia.
Al respecto de la asamblea, los populares establecen en el 30% la representación de los impositores, deja en el 10% la de los empleados, y fija en un 20% los miembros de las corporaciones locales. Para las entidades fundadoras, aplica hasta el 10% y un 10% a las instituciones sociales. Los órganos de gobierno de las cajas de ahorro gallegas tendrán que estar adaptados en dos meses, y sus estatutos, en seis.
Sin embargo, el PSdeG apostó por una solución "flexible", que supone recoger la situación de partida para entidades como Caixanova, en la que se mantendría el 17,5% de participación de entidades fundadoras que existe en la ley vigente. Además, los socialistas abogan por que los municipios estén representados en el 26%, a la que se suma la de Vigo como mayor ayuntamiento.
A mayores los socialistas fijan sobre el 11% la representación institucional a través de las entidades del Consello Económico Social de Galicia para fijar la representación -sindicatos, patronales, universidades y otras organizaciones de carácter social-, el Consejo General de Economistas y el de Abogados de Galicia. La defensa de los populares es repartirse ese 10% entre organizaciones, el CES (25%), las representadas por él, que no tienen carácter corporativo o institucional (25%), y la mitad para entidades benéfico-sociales.
El PPdeG apuesta, en todos los casos, por que la representación sea estrictamente proporcional, con lo que se garantiza la "pluralidad", al tiempo que se concede la estabilidad a los órganos de gobierno que no estarían sujetos a cambios de mayorías. Además, para ser miembro de los consejos de administración habrá que ser obligatoriamente integrante de la asamblea y, paralelamente, el representante de la comunidad podrá estar a la vez en los consejos de dos cajas.
Actitud ante un SIP
En cuanto la posibilidad de las alianzas externas, los populares complementan la autorización de producirse un sistema internacional de protección (SIP), de forma que la Xunta de Galicia deberá recibir información en el caso de que se produjesen estas circunstancias.
Por su parte, el PSdeG rechaza en sus enmiendas impedir alianzas externas, puesto que, según aseguró su portavoz parlamentario, Xaquín Fernández Leiceaga, "no sería sensato".
En todo caso, propone reforzar el carácter democrático, de manera que sea toda la Xunta la que tome las decisiones en los casos de SIP, y no solo la conselleira, al tiempo que el Parlamento pueda participar a través de propuestas de resolución, tras comunicación previa del Gobierno autonómico.
Abiertos a la negociación de la norma
Tres ruedas de prensa, tres, de los grupos políticos gallegos. Sobre la mesa sus enmiendas, de trasfondo lo que acontecerá en el futuro con Caixa Galicia y Caixanova. La proposición de ley de cajas fue impulsada por los nacionalistas, quienes demandaron ayer por boca de su portavoz nacional, Guillerme Vázquez, y su responsable de Economía, Fernando Blanco, "altura de miras" para la recta final de su tramitación.
Por su parte, el portavoz parlamentario y el de Economía, Manuel Ruiz Rivas y Pedro Puy, respectivamente, se mostraron "abiertos" a negociar las iniciativas, mientras que el portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, insistión de nuevo en la necesidad de que se logren consensos para que la normativa "perdure".
Vázquez subrayó que el de cajas supone uno de los debates de "más importancia" que se darán en esta legislatura, pero enfatizó en que la aprobación de la normativa es sólo "el primer round" .
Enmiendas ·· En el último día para presentarlas a la futura ley de cajas, las del PSdeG alcanzaron las 72, por 44 por parte del PPdeG, y siete de un Bloque que enmendaba su propio texto original.
Reforma un decreto ·· El texto que salga del pleno extraordinario del 30 de diciembre reformará el decreto legislativo de 2005, que a su vez aprobó el texto refundido de las leyes de 1985 y de 1996.
La edad máxima, los 70 ·· Se establece la edad máxima de 70 años a director general y a todas las entidades participadas, frente a los 65 establecidos por el BNG. El PPdeG también establece la asistencia obligatoria de los directores generales a los consejos de administración, algo que hasta ahora esta potestativo.
Expertos, no políticos ·· Se fija el criterio de que las personas designadas cuenten con experiencia en los ámbitos jurídico y económico, no podrán ostentar ningún cargo político. Los integrantes de los órganos de gobierno de las cajas no podrán estar vinculados a éstas o sus empresas en más de un 20% directa o indirectamente en su mandato y el bienio siguiente .
¿Un banco público? Pues va ser que no
·· El PPdeG elimina de la proposición de ley cualquier tipo de aproximación que signifique caminar hacia una banca pública o los artículos que sean "hondamente intervencionistas". En las filas del nacionalismo gallego no lo veían mal. Una obra social con mayores controles
·· Otro eje de las iniciativas del PPdeG sobre las cajas versa sobre la obra social, y se refuerza la capacidad de la consellería para revisar este ámbito. Todos los grupos coinciden en la necesidad de reforzar este ámbito para favorecer a Galicia .
