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El Pazo do Hórreo aborda cómo elevar la paga a los jubilados de la comunidad

La oposición propone una mínima de 1.000 € o que la Xunta suba 100 la no contributiva

EFE  | 14.03.2018 
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Santiago. El Parlamento gallego, tras el estallido de las demandas de derechos de las mujeres, entra ahora en otro tema candente, el de las pensiones, con cuatro maneras de afrontarlos, una por cada grupo.

En plena cuenta atrás del debate en la presente jornada en el Congreso, las tres fuerzas de la oposición en el Pazo do Hórreo llevarán al próximo pleno iniciativas orientadas a revisar el sistema de pensiones. Las mismas que los propios jubilados reclamarán este fin de semana con distintas movilizaciones en las ciudades gallegas. Mientras el trío opositor urge a una subida, el PPdeG apela a retomar el pacto de Toledo.

Tras la Junta de Portavoces, Ana Pontón aseguró que el BNG propondrá a la Cámara “un acuerdo en defensa de las pensiones” que paralice la actuación de Rajoy y Feijóo, “comerciales de fondos privados de pensiones” y “que están empobreciendo a nuestro país”.

Además de actualizar las pagas con el IPC, insta a  calcular las pensiones con los 15 mejores años de la vida laboral y  devolver a los  65 años la edad de jubilación. Además, el Bloque pide a la Xunta que autorice un incremento del complemento autonómico para las 40.000 personas que cuentan con una prestación no contributiva en Galicia de unos 100 euros/mes, cuyo coste cree asumible: según Pontón, la anualidad ascendería a 40 millones de €.

El portavoz del grupo popular, Pedro Puy, ponía en duda la viabilidad de esta propuesta por el “incremento importante del gasto” sin decir de “dónde saca los recursos, a quien se le quitan”, o si es a través de una subida de impuestos. Para Puy, el debate de las pensiones toca hacerlo dentro del Pacto de Toledo.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, instó a recuperar la revalorización en base al coste de la vida y situar en mil euros la pensión mínima.

El socialista Xoaquín Fernández Leiceaga criticó el “déficit” en las políticas del Gobierno gallego con relación a los mayores en una de las comunidades con las pensiones más bajas del Estado, sobre todo en Ourense y Lugo, donde la pensión media se sitúa por debajo de los 700 euros.