La Justicia está colapsada. Es un mal endémico y una evidencia desde hace muchos años. Pero, en unos sitios hay más atascos que en otros y además, en unas provincias el número de asuntos acumulados disminuye, mientras que en otras crece.

Y Pontevedra es, en base a los datos calentitos del último informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial, que hace referencia a los tres primeros meses del presente año, una provincia con un buen comportamiento estadístico.

Así, mientras los 83 órganos judiciales de la provincia de Pontevedra tenían a finales de 2007 un total de 43.932 asuntos pendientes de resolver, a 31 de marzo pasado estaban en trámite 42.261. Es decir, las cifras experimentaron según los datos del Consejo General del Poder Judicial un claro descenso, en concreto, de 1.671 casos.

El promedio de asuntos pendientes en el primer trimestre de este año pasa a situarse ahora en 509 por cada uno de los 83 órganos judiciales pontevedreses.

Pero si este es un dato relevante y positivo, el informe estadístico apunta también algún punto negro: la ejecución de sentencias en la jurisdicción penal.

Apartado este que genera una fuerte alarma social, como quedó patente este mismo año con el caso Mariluz, a 31 de marzo había 6.407 sentencias pendientes de ejecución, mientras que a finales del pasado año eran sólo 6.227. Es decir, en tres meses aumentaron en casi 180 las sentencias penales pendientes de ejecución. Pero, además, con el agravante de que más de la mitad, un total de 3.499, son de juzgados de lo Penal, que imponen a los culpables penas de hasta cinco años de cárcel.

Las estadísticas relativas al primer trimestre de 2008 del Poder Judicial subrayan además un incremento en el número de sentencias de los juzgados de lo Penal. Mientras a 31 de diciembre del año 2007 la cifra era de 3.268, a 31 de marzo pasado era de 3.499. La jurisdicción penal es una de las cuestiones que más alarma social genera, ya que el trabajo del juez no termina al dictar la sentencia sino que se prolonga hasta que se ejecuta el fallo. O lo que es lo mismo, implica una relación juzgado-cárcel.