El portavoz parlamentario del PPdeG, Manuel Ruiz Rivas, detectó hoy diferencias entre las situaciones de supuesto cobro irregular de dietas de kilometraje de la Cámara autonómica.

Así, consideró una "presunta estafa" el cobro de 31.000 euros por parte de la ex diputada del PSdeG Laura Seara; pero redujo a "error reconocido" la percepción de 26.000 euros por parte de su compañero de bancada Antonio Rodríguez Miranda, quien compartía coche con el actual vicepresidente de la Cámara, José Manuel Baltar.

La diferencia estriba, según el dirigente popular, en que la actual directora del Instituto de la Mujer "no puso ninguna medida para solucionar" su situación, mientras que el número tres de los populares gallegos se comprometió a devolver la cuantía percibida por asistencia a plenos en los últimos cinco años.

"Cometió un error y dio la cara, y está dando los pasos necesarios para arreglarlo", enfatizó, al tiempo que exigió a Laura Seara que "haga lo mismo". "Que clarifique su situación y la transparente, que obre de la misma forma", insistió.

A mayores, preguntado por la posibilidad de Seara de cobrar kilometraje a pesar de no tener carnet de conducir --el PSdeG señaló que viajaba en taxi o con particulares--, Ruiz Rivas apuntó que los diputados que no tienen vehículo propio "tienen que comunicar en qué se desplazan".

MEJORAS EN LA NORMATIVA

En todo caso, el portavoz popular se mostró dispuesto a reformar la normativa en lo que atañe a gastos por desplazamiento, con el fin de "esclarecer y transparentar los gastos". "Es la mejor fórmula despejar las dudas sobre la honestidad y honorabilidad de los diputados", esgrimió, al tiempo que apuntó que su grupo es "el primer interesado" en ello.

Así, consideró que el actual sistema de cobro "puede ser mejorado" y confió en contar con la "anuencia" de todos los grupos para "estudiar mejoras" en la norma que regula la percepción de dietas. Puso por ejemplo, los casos de los Parlamentos cántabro y madrileño, que estipulan una retribución fija para sus diputados, que incluye el coste de los desplazamientos.

Se trata, según afirmó, de "transparentar" por qué conceptos tienen derecho a cobrar los parlamentarios y evitar así "interpretaciones erróneas".