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El propietario de Mahía se ve imputado en nuevos procesos

Ramón López Casal volvió a declarar ayer en Santiago por la demanda de apropiación indebida que presentó un ex socio // Un juez de Valladolid le investiga para saber por qué prestó 180.000 euros a un alcalde

M. TIMONEDA • SANTIAGO   | 23.10.2009 
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Patricia Santos
Las oficinas de Maexpa ocupan ahora una pequeña parte de lo que fue la sede original de la firma
FOTO: Patricia Santos

En los próximos meses se va a intensificar la presencia en los tribunales de Ramón López Casal, propietario de, entre otras, la constructora Maexpa, antigua Mahía. Ayer tuvo que volver a comparecer en los Juzgados compostelanos de Fontiñas para dar cuenta sobre un nuevo capítulo de la demanda que abrió contra él su antiguo socio cofundador de Mahía, Manuel Gómez Maroñas, quien le acusó de apropiación indebida.

Durante hora y media, entre las diez menos cuarto y las once y cuarto de la mañana, López Casal tenía que responder a las acusaciones de los abogados de Gómez Maroñas -Ulises Bértolo y Miguel Bajo Fernández- y de la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Santiago, ana López-Suevos Fraguela.

Según pudo saber EL CORREO, López Casal se negó a responder a todas las preguntas que le realizaron Bértolo y Bajo y contestó negativamente sobre los aspectos que se le imputaban cuando las cuestiones se las planteaba la magistrada.

Gómez Maroñas acusa al presidente de Maexpa de manejar de forma irregular 27 millones de euros en forma de préstamos que se concedía a sí mismo desde empresas de su propiedad y que devolvía en las fechas posteriores tras, presuntamente, haber recibido ingresos de otras de sus firmas por similares cantidades a las prestadas. López Casal también fue cuestionado sobre la documentada participación de Gómez Maroñas en juntas a las que éste no asistió, según afirma en su demanda.

Próximamente en Valladolid

Pero los problemas judiciales de López Casal no acaban en Santiago. El magistrado de Instrucción número uno de Valladolid ha modificado la condición de testigo por la de imputado al propietario de Maexpa en el caso de presunta corrupción urbanística de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.

Ramón López tendrá que comparecer el próximo siete de diciembre ante ese magistrado como imputado para explicar junto a José Manuel Méndez Freijo, alcalde de Arroyo, y José Presas Zobra, propietario de Recreativos Dema, porqué le prestó en 2001 a Méndez Freijo 180.303 euros que éste no devolvió en el plazo pactado de tres meses, ni tampoco entre esa fecha y el año 2005, como refleja la contabilidad en la auditoria posterior que fue realizada.

El fiscal de ese caso recordó al juzgado en un escrito que Méndez declaró en 2008 que "no tuvo relación con Mahía", a la que, sin embargo, sí compró un piso en Vilagarcía de Arousa en 2004. Y además fue después de que la acusación particular -ejercida por la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI- entregase al juez las anotaciones del préstamo donde seguía figurando en la contabilidad de Mahía cuando la defensa de Méndez Freijo aportó un recibo firmado por su socio, José Presas, en el que se asegura haber recibido 15 millones de pesetas y, posteriormente, otro similar por la misma cantidad.

Claro que el fiscal mantiene sus dudas sobre esos documentos, que se presentaron al juez ocho años después de la concesión del crédito. Pero además, el acusador quiere saber por qué si el préstamo era para recreativos Dema no se ingresó directamente en la cuenta de esta empresa, y por qué no se entregó mediante cheque. De ahí que el fiscal queira saber por qué Presas no firmó los dos recibos como socio de Dema y sí como representante de la constructora Mahía, propiedad de López Casal.

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GRAVE CRISIS

Difícil situación económica

El pasado enero se hacía pública la difícil situación económica por la que pasa la inmobiliaria Maexpa, a la que ya entonces se le calculaba una deuda de unos 300 millones de euros. Para renegociar parte de esos pasivos, Maexpa negoció la entrega de pisos, bajos y propiedades inmobiliarias a los bancos pasa saldar parte de sus deudas. Tan mala es la situación de la constructora que en la actualidad tiene como empleadas a menos de una decena de personas, cuando hace un año figuraban en su nómina más de 180 trabajadores.

Lo que no se explican los demandantes es porqué las autoridades no admitieron a trámite el control judicial sobre Maexpa que habían solicitado hará un año el próximo mes, a pesar de lo que consideran pruebas irrefutables del millonario fraude fiscal y descapitalización social .

LAS CLAVES

Presunto fraude de 7.600.000 euros

·· Manuel Gómez Maroñas denunció a Ramón López Casal y otros responsables de Mahía de apropiación indebida. Maroñas, además, parece ser que documentó ante la jueza un presunto fraude de 7,6 millones de euros que López Casal habría cometido en la venta de 1.800 viviendas en Galicia y Castilla y León, entre ellas las construidas en Arroyo de la Encomienda.

Se ha personado la Abogacía del Estado

·· El presunto fraude fiscal por la supuesta venta en dinero negro de cientos de viviendas de Mahía llevó a la Abogacía del Estado a personarse como acusación en el caso, según confirmaron en ese departamento en septiembre del pasado año. La mayoría de los pisos pagados con dinero negro se vendieron en santiago y municipios de su área metropolitana, en total más de 500 .