El puerto de Marín se amplía pese a que el Tribunal Supremo ordenó devolver al mar el anterior relleno

Trabajos de construcción de un muelle en el puerto de Marín

Santiago. El puerto de Marín continúa en expansión. Desde hace unos días las máquinas trabajan para realizar un nuevo muelle que atienda a la demanda del tráfico de barcos que transportan graneles. La obra de ampliación ha sido denunciada esta semana en los juzgados por la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), que recuerda que una sentencia del Tribunal Supremo ordenó recuperar para el mar 300.000 metros cuadrados de relleno en los que actualmente se encuentran instaladas varias empresas.

A finales de 2009, el Supremo declaraba ilegal la ampliación del puerto de Marín, después de una largo lucha iniciada en 1994 por colectivos vecinales, la APDR y las cofradías de pescadores. El Tribunal reconocía que el relleno se construyó sin un estudio de impacto ambiental que analizase los daños sobre la ría. Según los cálculos de los mariscadores, en los últimos años se han perdido 400 puestos de trabajo por culpa de la ampliación del puerto.

Pese a que el fallo del TS no es recurrible, la Autoridad Portuaria no ha sido todavía obligada a ejecutar la sentencia y la Abogacía del Estado trata de impedirlo. Entretanto el puerto sigue creciendo. Según la APDR, con las nuevas obras se pretende ganar 25.000 metros cuadrados al mar. Fuentes de la Autoridad Portuaria de Marín negaban ayer que se estuviesen acometiendo nuevos rellenos e insistían en que la obra consiste en "hacer un muelle colocando hormigón sobre una escollera que ya existía". El presidente de la APDR, Antón Masa, indicaba ayer, sin embargo, que los cubos de cemento que conforman la escollera fueron colocados en noviembre de 2010, un año después de conocerse la sentencia del TS.

Desde la Autoridad Portuaria insisten en que la obra cuenta con declaración de impacto ambiental y todos los trámites exigidos por la ley y aseguran que se realiza en una zona "ajena" a la afectada por la sentencia judicial. Sin embargo, la APDR asegura que los trabajos son "absolutamente ilegales al estar contemplados en un plan especial anulado y al existir una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la eliminación de los rellenos ya construidos". Por este motivo exigen al Juzgado de Guardia e Instrucción de Pontevedra que paralice las obras. "Ya presentamos una denuncia en noviembre de 2010 pero no volvimos a tener noticias", explica el presidente de la APDR. Los nuevos rellenos, afirma la APDR, "deberán de ser retirados cuando se ejecute la sentencia, por lo que -de cara a evitar graves daños ambientales y fuertes perjuicios económicos- procede detener su ejecución".

Desde la Autoridad Portuaria esperan convencer al Supremo para que no obligue a retirar los rellenos. En su día, su presidente, José Benito Suárez, aseguró que hacerlo tendría todavía un mayor coste ambiental que mantener intactos los terrenos ganados al mar.