Las presiones de los alcaldes, o sus "razonables peticiones", como prefieren apuntar los regidores, han logrado que por segunda vez el Gobierno de España cambie su decisión sobre el financiamiento local a través de préstamos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, anunció que los ayuntamientos que estén en mejor situación financiera sí podrán pedir créditos el próximo año. Ello será posible gracias a una segunda modificación del decreto de medidas de contención del déficit aprobado el pasado mayo, que fue corregido al día siguiente de su publicación para prorrogar la prohibición total de endeudamiento de las corporaciones locales a partir del 1 de enero de 2011.

La medida anunciada supondrá una modificación de las condiciones que estaban fijadas en el citado decreto y se hará efectiva a través del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

Según apuntó Elena Salgado, en respuesta a dos interpelaciones presentadas por CiU y Nafarroa Bai en el Congreso de los Diputados, esta decisión permitirá realizar operaciones de endeudamiento financiero a largo plazo a aquellas entidades locales cuyo volumen total de deuda viva no supere el 75% de sus ingresos corrientes. Este porcentaje de corte marcado por el Ejecutivo de Zapatero permitirá, según la vicepresidenta primera, que "más de las tres cuartas partes" de los ayuntamientos españoles podrán acceder a créditos y, al mismo tiempo, se logrará que estos cambios no afectarán a los objetivos de reducción del déficit público.

"A la vista de los meses que han transcurrido desde la aprobación del decreto, hemos conseguido una cierta estabilización en los mercados financieros", subrayó Salgado, quien, no obstante, remarcó que cualquier crédito que pidan los entes locales el próximo año deberá destinarse únicamente a inversiones y no a gasto corriente. Para ello, añadió que gran parte de la cuantía vendrá de los 13.000 millones de euros de los Fondos de Inversión Local de 2009 y 2010, las conocidas como ayudas del Plan E.

Para los alcaldes, según sus máximos representantes en las organizaciones municipalistas, Pedro Castro -presidente de la Federación Española de Municipios e Provincias (Femp)- y Carlos Fernández -su homólogo en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp)-, la decisión del Ejecutivo central da un "respiro" a los entes locales, porque supone modificar una situación de "discriminación negativa" y porque de esta forma se permitirá a los ayuntamientos "seguir acometiendo inversiones y políticas sociales".

En su intervención ante la Cámara baja, la vicepresidenta económica también adelantó que las cuantías que se destinarán a los municipios en el proyecto de Presupuestos Generales, que el Gobierno entregará próximamente a las Cortes Generales, se verán incrementadas en un nueve por ciento con respecto a las de 2010, es decir, en 1.200 millones netos. Un aumento que, según destacó, tiene su origen en la subida del IVA, que entró en vigor el pasado julio. Según explicó, la cuantía total de los Presupuestos se verá reducida en un 7,7%, los ministerios sufrirán un recorte del 15%, mientras que la de las comunidades disminuirá en poco más del 3%.

Situación excepcional. Con estas cuentas, Elena Salgado prevé que el próximo año será "mejor que este" para la situación económica de los ayuntamientos aunque éstos sigan teniendo que devolver en 2011 las liquidaciones a cuenta correspondientes al ejercicio de 2008. "Los entes locales van a estar en una situación excepcional comparado con el resto de las administraciones. Los que hayan tenido un comportamiento más responsable y coherente con el momento de crisis que vivimos podrán pedir créditos para realizar inversiones", resaltó.

Sobre esta cuestión, el presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, matiza que la subida del 9% en la participación en los ingresos del estado (PIE) "no es ningún regalo" para los ayuntamientos, sino que tan solo es la traducción de que cuando el Estado "recauda más, nosotros recibimos más, de la misma manera que si bajan sus ingresos, recibimos menos". Así, remarca que lo que significa este aumento es que la situación económica tiene mejores previsiones para las arcas estatales y, por tanto, para el municipalismo.

No obstante, Carlos Fernández, recordó que errores del pasado han hecho que todavía el próximo año los ayuntamientos tengan que continuar devolviendo al Estado anticipos debido a erróneas previsones. Así, manifestó su esperanza en que "esta vez no se equivoquen".

La deuda reflejada en 2009 por créditos financieros contratados por los ayuntamientos gallegos -que asciende a más de 670 millones de euros- se distribuye entre la población a razón de 239 euros por ciudadano, muy por debajo de las cifras que se tienen que afrontar en el conjunto estatal, que, con más de 28.770 millones de euros global, dejan una deuda per cápita de 615 euros.

Reformas pendientes. Por otra parte, Salgado, una vez más, insistió en que el Ministerio de Política Territorial presentará próximamente un proyecto de reforma de la ley de gobierno local -que sigue pendiente y estaba comprometida, y ya demorada, para este año- que definirá las "competencias" de las administraciones municipales, y en virtud de las cuales se redactará a posteriori un texto sobre una nueva financiación local.

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