Siete años de inhabilitación al ex alcalde de Gondomar

Carlos Silva, ex alcalde de Gondomar FOTO: Sonia Daponte.

El ex alcalde popular de Gondomar, Carlos Silva, se anticipó ayer a que se hiciera pública la sentencia que le condena a siete años de inhabilitación especial para cargo público, además de a seis meses de prisión por un delito de prevaricación urbanística, presentando a primeras horas de la mañana su dimisión tanto del cargo de diputado provincial por Pontevedra, como de concejal. A esta renuncia sigue baja de militancia en el PP, porque así se lo comunicó en la tarde de ayer al presidente provincial del partido, Rafael Louzán.

Esta redacción intentó, sin éxito, contactar con el político condenado con la finalidad de conocer su opinión sobre la decisión judicial que le condena tanto a él como a los cinco ediles de la comisión de gobierno de 2005 José Luis Mosquera, Ángel Gregores, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa, a abandonar la política siete años. La corporación de Gondomar pierde al edil del PP Ángel Gregores.

La sentencia dictada por la sala quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo, en respuesta al recurso de apelación presentado por el alcalde, rebaja las penas impuestas en diciembre de 2008 por el titular del Juzgado nº 2 de lo Penal de Vigo. Éste condenó a los seis políticos a 18 meses de cárcel por un delito de prevaricación continuada, así como a ocho años de inhabilitación para ostentar un cargo público por conceder un total de 39 licencias urbanísticas a sabiendas de que el PXOM estaba anulado.

La rebaja de la pena se debe a que el juez de la Audiencia considera que el momento "crítico" de la ilegalidad o prevaricación urbanística se centró en la decisión del ex alcalde y los cinco ediles de conceder una licencia urbanística el 17 de enero de 2006, después de haber sido informados por la secretaria municipal de que el PXOM de Gondomar no estaba en vigor, al ser anulado por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. La sentencia establece que ésta "no es una mera ilegalidad, sino una ilegalidad severa" y, por tanto, un delito de prevaricación agravada.

Al contrario que el juez de lo Penal nº 2, la Audiencia no considera probado, que Silva y los cinco concejales, en diciembre de 2005, aprobaran 39 licencias a sabiendas de que el PXOM del 97 estaba anulado.

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