El presidente de la Asociación del Pueblo Gitano, Sinaí Jiménez, consideró “un atentado contra la democracia” y un caso de “racismo” el del municipio pontevedrés de Ponte Caldelas, donde los vecinos decidieron comprar una casa para impedir que lo haga una familia gitana, que ya la tenía apalabrada y había pagado una señal.

Jiménez se entrevistó ayer en la capital gallega con representantes de la oficina del Valedor do Pobo para informarles de una situación de injusticia sobre la que “todo el mundo mira para otro lado”. En declaraciones a los informadores antes del encuentro, el representante del pueblo gitano dijo que el hecho de que la familia origen del conflicto provenga del poblado de O Vao es “una excusa”, porque “yo no soy del poblado de O Vao y, si quiero comprar una vivienda, tampoco me la venden”.

Por ello, Sinaí Jiménez pretende que intervengan las administraciones públicas para que este hecho “y otros muchos, no se dejen pasar por alto, se intente tomar medidas para estos casos y se garantice al pueblo gitano el acceso a la vivienda”.

El portavoz del colectivo gitano informó de que también había pedido una entrevista con el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, porque “nosotros somos gallegos, somos de aquí –insistió– y todo lo que ocurre aquí tiene que conocerlo de primera mano el presidente del Gobierno gallego”.
Agregó que, tras estos contactos, los gitanos intentarán llevar medidas al Parlamento a través de los partidos políticos, “para garantizar el acceso tanto a la vivienda, como al mercado laboral, porque ahí también sufrimos mucha discriminación”, recalcó.

Puede sentar precedente
Tras comentar que llevan “mucho tiempo” denunciando situaciones como esta, Jiménez alertó de que el actual “puede ser un precedente y, si no lo paramos a tiempo, puede ser malo y sufrir más el pueblo gitano”.

El representante calé demandó que no se prejuzgue y puso el ejemplo del País Vasco, “donde todo el mundo sabe que hay etarras, lo que no quiere decir que todos los ciudadanos del País Vasco sean etarras”.

Para el presidente de la asociación, se trata, “literalmente”, de “un caso de racismo, no hay duda”, y consideró que “vulnera la Constitución”, pues “atenta contra la democracia y contra el derecho y la libertad de poder comprar una vivienda”.