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Tirón de orejas de Greenpeace a Galicia por su política forestal

La organización ecologista sostiene que, pese a ser "la comunidad que sufre más incendios" en España, tiene una planificación "particularmente deficiente" en "prevención, emergencia y autoprotección"

Agentes del servicio contraincendios trabajando en Zamanes, en Vigo, durante la ola de fuegos del pasado octubre  - FOTO: EFE
Agentes del servicio contraincendios trabajando en Zamanes, en Vigo, durante la ola de fuegos del pasado octubre - FOTO: EFE

MADRID/SANTIAGO. EFE  | 12.06.2018 
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Galicia tiene una planificación "particularmente deficiente" en "prevención, emergencia y autoprotección", pese a ser "la comunidad que sufre más incendios" en España, según un informe divulgado hoy en Madrid por la organización ecologista Greenpeace.

El informe titulado "Protege el bosque, protege tu casa" señala que el 80% de los municipios españoles situados en una zona de alto riesgo por incendios forestales, incluido Galicia, carece de un plan de emergencia.

"El caso de Galicia es especialmente flagrante, ya que junto a Asturias, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora, sufren el 51,57% del total anual de los incendios", según la organización no gubernamental.

Así, reprocha a la Xunta, que a pesar de que Galicia es la comunidad con más incendios forestales (3.249 incendios forestales y 32.623,34 hectáreas quemadas en 2017, según datos oficiales), "no ha respondido a las cartas de petición de información y, por tanto, no existen datos relativos al estado de la planificación". 

Añade que "tampoco hay constancia de planes de emergencia a nivel municipal" y destaca, sin embargo, que "se han realizado campañas de autoprotección y que hay numerosa información pública de fácil acceso".

Subraya que "las quemas son la causa principal de incendios" en Galicia, donde sugiere que "para acabar, limitar y prevenir los incendios intencionados es fundamental una buena gestión de las quemas, siempre controladas y autorizadas, respetar las temporadas de prohibición, ofrecer alternativas al uso del fuego, así como prevenir al máximo adoptando las recomendaciones y prohibiciones oportunas". 

Así, considera "vital emprender campañas de concienciación" en el ámbito rural para "entender que una práctica tradicional requiere de un tratamiento distinto en un medio que ha evolucionado a un paisaje altamente inflamable".

Indica que la Ley de Montes establece la "obligatoriedad de las comunidades autónomas de elaborar planes preventivos en zonas de alto riesgo" y observa que "tampoco cumple la directriz básica de Protección Civil que obliga a los municipios en zonas de riesgo a contar con un plan de emergencias" por lo que concluye que "se incumple la normativa de forma casi generalizada". 

El documento analiza el estado de la planificación frente a incendios forestales en toda España y concluye que tan solo 5 de las 17 comunidades autónomas cuenta con planes de prevención de incendios forestales que, "aún así, no llegan al aprobado",

Cada vez hay "más episodios" de incendios forestales de altísima gravedad, con "desalojos masivos y pérdidas de bienes, personas fallecidas y miles de hectáreas calcinadas", advierte Greenpeace. 

En 2017, según la asociación ecologista, los 56 grandes incendios forestales acaecidos en España fueron responsables de la destrucción de casi el 55% de las hectáreas quemadas, pese a representar menos del 0,5% del numero total de incendios. 

Ante este "problema de seguridad nacional", la organización buscará "fomentar la creación de comunidades preparadas, que sean parte de la solución", afirmó la responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace. Mónica Parrilla. 

"Es fundamental que las personas propietarias de una vivienda elaboren su propio plan de auto protección, pues no hacerlo revierte en sus bienes, en el bosque y en la seguridad de los operativos de extinción y emergencias", añadió.

Greenpeace aboga en el documento por una "distribución de responsabilidades" a los distintos niveles de Administración pública, que pase por el cumplimiento de las normativas actualmente aprobadas, la comunicación acerca de causas, consecuencias y posibles soluciones a las comunidades en riesgo, y por una mayor dotación de recursos para la prevención y planificación.