La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recalcó hoy que el Ejecutivo ha cumplido la ley "de manera escrupulosa" en la gestión del secuestro del buque 'Alakrana' y anunció que el Gobierno está dispuesto a activar un "protocolo para la gestión de crisis de incidentes de ese tipo".

"Hemos cumplido la ley de principio a fin. Las 24 horas, de los 47 días que ha durado el secuestro y hasta que hemos logrado su liberación", manifestó ante el pleno del Congreso. Además, aseguró que el Gobierno ha "tomado nota" de las críticas "constructivas y razonadas" y esperó que todo el mundo haya extraído "enseñanzas" de este incidente.

En su comparecencia, De la Vega no dio detalles de la operación de liberación del buque pero sí se refirió a dos de los puntos más polémicos, la detención de dos de los piratas y el episodio en que los secuestradores anunciaron que habían bajado a tierra a tres tripulantes.

Sobre este punto, no quiso entrar en detalles "por razones de seguridad" pero sí aseguró "que el Gobierno supo en todo momento donde estaba la tripulación" y que, ese día, sus actuaciones y expresaiones  pretendieron "garantizar la seguridad" de los tripulantes. "Sabíamos donde estaba la tripulación, toda la tripulación y las garantizo que así fue en todo momento y de manera permanente", aseveró.

Además, anunció que fue ese día cuando el Gobierno fue consciente de que el secuestro podía "estar llegando a su fin" y de que se iniciaba "la cuenta atrás para la liberación" y que por eso el jefe del Ejecutivo llamó al líder del PP para pedirle discreción.

Detención de los piratas

La ministra de la Presidencia se detuvo una vez más en subrayar que la detención y traslado a España de dos piratas dos días después del secuestro no fue "una opción" sino "una obligación" legal. Recordó, en concreto, que la operación Atalanta obliga a detener a los sospechosos de piratería y añadió que "al tratarse de un barco español y contra ciudadanos españoles" la competencia para juzgarlo corresponde a los tribunales españoles.

En eso coinciden, aseguró, el Gobierno, el servicio jurídico del Estado, la fiscalía de la Audiencia Nacional, los dos jueces centrales de instrucción que han intervenido y todos los magistrados la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.